Los Pueblos Indígenas En Colombia Derechos, Políticas y Desafíos

Los Pueblos Indígenas En Colombia Derechos, Políticas y Desafíos Los Pueblos Indígenas En Colombia Derechos, Políticas Y Desafíos  Manuel Manrique  REPRESENTANTE DE ÁREA  PARA COLOMBIA Y VENEZUELA UNICEF  Sara Benjumea  OFICIAL DE POLÍTICAS BÁSICAS  Irene Rodríguez  OFICIAL ASISTENTE DE EDUCACIÓN  Bernardo Nieto  OFICIAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  Sara Franky Calvo  OFICIAL ASISTENTE DE COMUNICACIÓN  Esther Sanchéz Botero  AUTORA  Mauricio Salamanca  DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN  Unicef  Es imperioso establecer un plan nacional de emergencia para proteger a los indígenas. Si hay un sector contra el cual esta guerra se ha ensañado de modo particularmente feroz ése es el de los indígenas.  Asesinados, desplazados o sitiados en sus pueblos por paramilitares y guerrilleros, emberas, kankuamos, arhuacos, paeces y muchas otras tribus están pagando un macabro precio por el conflicto armado.  La Sierra Nevada de Santa Marta viene siendo el centro de una guerra cuyas principales víctimas son las cuatro etnias que la habitan: arhuacos, kankuamos, koguis y wiwas. Nada más urgente que atender con firmeza sus reclamos de protección.  Homicidios, reclutamiento forzoso, retenes, ‘vacunas’, chantajes para desviar dineros de transferencias y desplazamiento son el pan de cada día para los indígenas de la Sierra Nevada. Ellos se quejan, también, de bombardeos del Ejército contra sus territorios sagrados y de los severos controles para el ingreso de alimentos.  La más tremenda cuota la han puesto los kankuamos, de la zona de Atánquez, en disputa entre ‘paras’ y guerrilleros. Hay denuncias de 53 asesinatos y más de 150 familias desplazadas.  En otra parte del país, en el bajo Atrato, una oleada de suicidios entre los indígenas, varios de ellos de niños, puso de presente la terrible situación que se vive a lo largo del principal río del Chocó, región en la que se disputan a muerte los grupos irregulares.  Ésta es otra guerra ajena en la que chamíes, tules, waunanas, katíos, emberas y comunidades negras están poniendo los muertos y el sufrimiento, a extremos tales de perturbación de su mundo que los llevan al suicidio.  Un informe de la Defensoría sobre el norte del Cauca, habitado por 120.000 peces, habla de 54 asesinatos, 5 masacres y 2 desplazamientos masivos en esa zona, entre septiembre del 2000 y enero del 2002. Todo el país recuerda la atroz masacre del Alto Naya, que cobró un centenar de víctimas y desplazó a 4.000 personas, muchas nativas. O el asesinato de cuatro líderes indígenas en dos poblados del Darién panameño. Y las muertes a bala de Augusto Lana Domicó, gobernador de Porremia (Córdoba), en abril, y de Gabriel Cartagena, candidato a la alcaldía de Riosucio (Caldas), en junio. Y el desplazamiento de casi 400 guajiros de los alrededores de Betoyes (Arauca) por combates entre la guerrilla y los paramilitares, en julio.  Lista interminable a la que deben añadirse el drástico racionamiento de vituallas y combustible por parte de los actores armados, los abusos de las fuerzas oficiales, la miseria y el abandono ancestrales.  La presión de las fumigaciones está empujando la coca hacia los departamentos de Amazonas, Vaupés, a lo largo del río Apaporis, Caquetá y Guaviare, donde frágiles comunidades, que han tenido escaso contacto con el blanco, padecen la brutal llegada de la colonización cocalera.  Los indígenas resisten. Medidas como la Guardia Indígena del Cauca, que protege los territorios de todos los actores armados; el Proyecto Nasa, ganador del Premio Nacional de Paz en el 2000; la idea de crear una policía indígena en la Sierra Nevada, entre otros, son una muestra de ello.  Estas iniciativas no deben estar solas.  Octubre 21 de 2003  editorial@eltiempo.com.co  Presentación  Esta es una gran oportunidad para examinar qué está pasando hoy dentro de los pueblos indígenas de Colombia y por ende cómo están viviendo sus niños, niñas y jóvenes.  El propósito inicial del informe fue contribuir a la preparación de la “XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno”, que se llevó a cabo en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en el mes de noviembre de 2003, como también disponer de un documento que muestre el panorama general en el que se encuentran los pueblos indígenas de Colombia y por ende sus hijos. “Invertir en la niñez marginada, indígena y afrodescendiente: un compromiso para la inclusión social plena”, que retoma algunas pautas de acción esbozadas en las conclusiones de la consultoría para UNICEF de Luis Enrique López antes mencionada. Sin embargo, dado que la situación de los pueblos indígenas colombianos, en medio de un contexto de conflicto político, económico, social, cultural y armado, no se encuentra reflejada en dicho informe, tanto como en la declaración, UNICEF Colombia puso en consideración la necesidad de complementar esta visión panorámica con información específica sobre Colombia.  Se trata de informar sobre los pueblos indígenas y dentro de ellos, sus niños, niñas y adolescentes, haciendo énfasis en las dificultades respecto a la “inclusión social” y a la garantía de derechos. Ello tiene que ver necesariamente con: a) el conflicto armado y el respeto a la vida (individual y colectiva) en medio de éste; b) el desplazamiento indíge na y c) la afectación al territorio 2 , además de la definición y aplicación de políticas públicas que afectan el respeto y la garantía de los derechos y la inclusión social de estas poblaciones, en especial a los derechos económicos, sociales y culturales.  La realidad de los indígenas en Colombia será examinada bajo tres campos: a) los derechos humanos referidos a pueblos indígenas; los aspectos formales constitucionales y legales que guían el reconocimiento y valoración a su condición de pueblos y sujetos de derecho colectivo, b) la distancia entre los mandatos constitucionales y legales respecto de la eficacia en la construcción del Estado social de derecho y las con diciones materiales y espirituales reales en que viven hoy los pueblos indígenas y sus hijos, a la luz de los derechos humanos indígenas y, c) los principales desafíos.  Dadas las dificultades para obtener información éste documento ha de leerse como el comienzo de una tarea por concluir. Representa por lo tanto un ejercicio sinérgico en el cual se potencian diferentes datos para configurar una panorámica que invita a fortalecer la capacidad de quienes en nombre propio o institucional pueden contribuir a cambiar este estado de cosas atentatorio contra la vida misma. El trabajo en grupo para examinar una propuesta de contenido se vio enriquecido con la participación de los senadores indígenas Jesús Piñacué y Gerardo Jumi, como tam bién de Luís Evelis Andrade, presidente de la ONIC, Cacildo Yépez, de la ONIC, María Helena Tovar, José Sebastián Jansasoy, Enrique Lagarte, en representación del senador Rojas Birry, Álvaro Velasco, en ausencia del representante Efrén Tarapués, José Soria, secretario de la OPIAC.  Capítulo 1 Los Pueblos Indígenas Como Sujetos De Derecho Colectivo  A pesar de ser Colombia un estado proteccionista de los pueblos indígenas, desde el punto de vista formal, existe una distancia real que en muchos campos muestra contradicción.  Se presentan los marcos de esa protección formal con algunos detalles, dado que estos referentes deben ampliar la conciencia sobre la inconstitucionalidad de muchas de las acciones u omisiones realizadas por las instituciones.  1.1. Los Derechos Humanos  En el marco de los derechos humanos se identifican cinco derechos inspirados en el proyecto de declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: el derecho a la distintividad, el derecho a la igualdad, el derecho a lo propio, el derecho al mejoramiento y el derecho preferente. Se trata de cinco derechos concurrentes para la época, donde los cua tro primeros son válidos siempre y el quinto es temporal en razón a que todavía existen situaciones de discriminación insuficiente mente superadas en la realidad.  Derecho A La Distintividad Los derechos de los pueblos indígenas remiten al concepto angular del derecho a la distintividad. Se refiere a la posibilidad respetable y valorable para considerarse a sí mismos como diferentes, y a ser respetados como tales, bajo el principio de que unas diferencias culturales no son más lindas que otras. Se establece así –a partir de la igualdad– un sistema de equivalencias donde el derecho a la diferencia es sinónimo del derecho a la distintividad, a la particularidad.  Si una persona, como ser libre y racional, opta por una religión o un tipo de vida familiar, el Estado la protege como sujeto de derecho. Son respetables esas opciones de otras opciones. Este derecho a la diferencia implica que no sólo las personas sino también las colectividades configuradas como pueblos indígenas tienen derecho a su individualidad, a ser sí mismos. Los pueblos indígenas, como sujeto colectivo, tienen derecho a la distintividad:  a tener un nombre, una lengua, creencias y formas de vida que hacen modos complejos y abiertos de persistencia y cambio a sus personalidades distintas. Como las personas, los “pueblos” tienen derecho a ser diferentes. Se trata de una postura política que opta a favor de la existencia de la diversidad y del respeto mutuo entre las distintas “etnias” o “pueblos”, efectivamente existentes, lo que implica tener en cuenta las diferencias concretas para diluir el horizonte de la homogeneización étnica y cultural orientada a disolver y fundir tal diversidad.  Pero, aún más, sólo el reconocimiento del derecho a la diferencia hace posible la configuración de lo otro, de la diversidad histórica, social y cultural. A partir de ese reconocimiento y del derecho a la distintividad de los “pueblos” es posible preguntarse si éticamente es positiva la existencia de los valores distintos que un pueblo particular posee.  Como sucede para el caso de las personas, la afirmación de que los derechos de uno no pueden ser pensados al margen de los derechos del otro, también vale para los pueblos. Postular el derecho a la diferencia como principio significa en una nación multicultural abrir los ojos al límite en que la afirmación de esa diferencia como derecho no afecte los derechos de los otros.  Así, el derecho de los pueblos indígenas a su diferencia, como principio de valor universal, ha de ser constitucional y legal. Si los no indígenas tienen derecho a la diferencia respecto a los indígenas porque su cultura es una contribución al mundo, estamos frente a un marco legal donde los derechos de unos no pueden declararse al margen de los derechos de otros.  En uno y otro caso se trata de un derecho a la diferencia, que para comenzar reconoce que son colectivos con sus nombres, usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida distinta. Se trata en rigor de un derecho imprescindible a la realidad de sí, que bajo el marco constitucional todos los nacionales tienen el deber de respetar y crear condiciones para que esos pueblos, que luchan por sentirse y vivir como distintos, puedan hacerlo.  El derecho de los pueblos indígenas a ser distintos implica el reconocimiento de su existencia por parte de otras sociedades, de los funcionarios, de otros nacionales y como base para ejecutar actividades institucionales con ellos. Sin el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus miembros, estamos frente a sujetos individuales y colectivos invisibles para la sociedad . El derecho a la distintividad de los pueblos indígenas adquiere carácter más sustantivo cuando aparte de reconocer su existencia, los estados reconocen a los pueblos indígenas no sólo como realidades existentes sino como sujetos de derecho. Los reconocimientos formales obligan jurídicamente, lo que abre la posibilidad de examinar cómo mediante políticas públicas se cumplen esos derroteros. El reconocimiento o no de la existencia de los pueblos indígenas puede auscultarse por el carácter positivo o negativo, solidario o discriminatorio, de los términos de ese reconocimiento, ya que también el reconocimiento puede ser hecho para negarle distintividad y para someterla.  El derecho a la distintividad de los pueblos indígenas abre la posibilidad para un monitoreo sobre el carácter y alcance de las reformas desde una perspectiva de seguimiento a la aplicación de los derechos humanos en materia indígena, capaz de reconocer que el reconocimiento simple de los pueblos indígenas, como sujetos de derecho, no bas ta, ya que lo que importa es el carácter y el alcance de los derechos específicos reconocidos a un sujeto de derecho. Examinar el alcance favorable de las decisiones de gobierno para los pueblos indígenas debe postularse referido al derecho a la igualdad.  Derecho A Lo Propio La cultura es un término que se refiere a lo que se ha cultivado entre personas, que cognitivamente se comparte y se traduce en usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida. La cultura define a una persona distancias apropiadas entre personas o con los carros en movimiento; tamaños apropiados para partir un vegetal que va a cocinarse; qué hacer con la placenta, quién le pone nombre a un niño, por qué el robo es un delito, etc.  La cultura es algo que se tiene como propio y poco importa la procedencia. La cultura de un pueblo o de un persona procede de sí, o del contacto o de la difusión de dentro o de fuera; lo que importa resaltar es que en su siempre cambiante devenir, los pueblos y las personas tienen usos y costumbres, lenguas, creencias y formas de vida y hasta de asimilación o rechazo al cambio que les son propios, sin importar tampoco si se trata de rasgos reproducidos desde un pasado, creados en el flujo de la vida y la historia o tomados desde el contacto con otros.  Tanto en el caso de los pueblos como de las personas, se trata de rasgos que no tienen plena coherencia entre sí y que en su variedad pueden hasta parecer inconexos o inconsistentes pero que dotan a los pueblos y a las personas de una identidad nunca plenamente acabada, pero sí reconocible.  En el caso de los pueblos indígenas, su derecho a la distintividad no puede separar se de un derecho a lo propio, del derecho a su cultura, a lo que es de sí, lo que les da su identidad, justamente como pueblos.  Derecho Al Mejoramiento Económico Y Social.  La realidad de los pueblos indígenas es la realidad de los despojos y abusos, es la realidad del hambre y la miseria material, la del saqueo colonial y la explotación de las poblaciones nativas. Por ello, postular los derechos de los pueblos indígenas a la distintividad, a la igualdad y a lo propio no es suficiente. Es preciso el derecho al mejoramiento económico y social, derecho que remite a un extenso número derechos:  al trabajo, a la salud, a la retribución económica equitativa y a la justicia económica, derechos que hacen parte de los derechos a la igualdad de estos pueblos.  Hay que establecer, a partir del reconocimiento, que los pueblos indígenas requieren políticas aplicadas y efectivas, orientadas a mejorar sus estándares de vida.  El derecho al mejoramiento económico y social constituye una amplia variable general que incluye, por una parte, la generosa agenda temática de los capítulos y acápites complejos del derecho laboral, del derecho a la salud y del derecho a la educación, elaborados desde la perspectiva de los derechos de las personas y las colectividades y, por otra, las agendas de intervención para el desarrollo económico y social por parte de los estados, la cooperación internacional y las organizaciones no estatales.  Derecho Preferente  Aludir al derecho de los pueblos indígenas a ser resarcidos por los daños a los que se vieron sometidos, mediante políticas e inversiones específicamente diseñadas para ello, está en rigor, invocando un derecho preferencial para los pueblos indígenas absolutamente pertinente en la época actual. Y es que los pueblos indígenas deben ser sujetos de un derecho preferente ya que ellos constituyen minorías empobrecidas, marginadas y discriminadas.  Los pueblos indígenas se encuentran entre los segmentos poblacionales más pobres, marginados y discriminados. Acciones afir mativas, en razón de la pobreza, la marginación y la discriminación, son im prescindibles para los pueblos indígenas desde una perspectiva de los derechos hu manos.  1.2. Los Indígenas En La Constitución Colombiana De 1991  Hacer referencia a la Constitución es muy importante, dado que ésta refleja el nuevo pacto que los colombianos se propusieron vivir como derrotero de un nuevo Estado, de una nueva nación y de una nueva sociedad.  Si la Constitución es la carta de navegación para todos los colombianos, respecto de los pueblos indígenas, es menester examinar cinco referentes constitucionales que rompen en primer lugar el principio de igualdad formal, que establecía que todos los colombianos éramos iguales ante la ley y dadas las desigualdades reales, el Estado ha de compensar mediante un trato distinto (acciones afirmativas) a quienes hasta ese momento el mismo Estado marginó.  Veamos un ejemplo que muestre por qué los constituyentes determinaron que Colombia En 1991 en Colombia de cada 1.000 nacimientos morían 25.  En Cuba de cada 1.000 nacimientos morían 9. En Estado Unidos de cada 1.000 nacimientos morían 8.  Y entre los paeces, el pueblo indígena más numeroso de Colombia, morían 268.  ¿Será que los colombianos éramos iguales ante la ley? ¿Se debería semejante situación de los niños paeces a una discriminación negativa? La respuesta es sí.  Este cambio constitucional, que reconoce la iniquidad y las consecuencias de ese trato, implica modificaciones en el modo como ha venido siendo el Estado; es decir, cómo ha tomado decisiones políticas respecto de la distribución presupuestal y de cobertura de servicios. En el Estado social de derecho se parte de la desigualdad real y de la misión para configurar una igualdad verdaderamente real.  Esto implica aceptar que a los indígenas se los discrimina y excluye materialmente de bienes para el desarrollo, al punto que se puso en peligro tanto su vida biológica como sus sistemas culturales. Es decir, nada menos, que se puso en peligro el derecho a la vida y el derecho a su integridad como personas, pero, ante todo, como pueblos.  Además, fue tan grave el peligro, pensándose y tratándolos como inferiores, excluidos de los presupuestos nacionales, aislando los, que sólo un trato especial, un trato preferencial que contribuye ra a recuperar su condición de pueblos distintos, con culturas alternas, podría lograr un día la igualdad real, y no formal, de estos sujetos. Esta es la base y fundamento del conjunto de acciones afirmativas que los constituyentes determinaron para equilibrar la discriminación negativa a estos pueblos.  Del Estado Monocultural Al Multicultural Y Pluriétnico  El Artículo 7°, “Principio de la diversidad étnica y cultural”, reconoce y protege la diversidad cultural de la nación colombiana, cambia formalmente nuestra nación. El Estado monocultural, que reconocía como va lioso un solo Dios: el de los católicos, una sola lengua: el castellano, un solo sistema de familia: la nuclear, un solo derecho: el positivo estatal; una única forma de propiedad: la privada; de economía: la capitalista; de ser niño: definido por el Código del menor, y que buscaba imponer estas condiciones como únicos derroteros para configurar la nación, desvalorizando toda manifestación que se diferenciara de estos referentes, generó efectos sobre los pueblos indígenas como fueron la sistemática imposición de los principios y formas de organización de la vida social, del manejo de los recursos públicos, así como del control y solución de conflictos, principios, estructura y enfoque de un estado que necesariamente no coincidía –en parte o en su totalidad– con los sistemas existentes en cada uno de ellos como pueblos.  De frente a esta imposición unos pueblos, más que otros, resistieron estas imposiciones, e internamente vivieron sus propios modos, no utilizando siempre el modelo externo, ni buscando invariablemente soluciones por fuera de sus propios contextos culturales y de gobierno. Entre tantas sociedades, hoy diferenciadas por su cercanía o no con la sociedad mayoritaria y por el tipo y calidad de las relaciones generadas, algunas se “vaciaron” y se “llenaron” de los principios y modos de la sociedad hegemónica. Hoy, pueblos como los pas  Estos, que se les puede caracterizar por no tener una cultura “propia”, “tradicional”, comparten su condición y referencia como indígenas con otros pueblos donde se estableció un modo de vivir que imponía buscar por fuera sólo algunas soluciones para casos especiales. Así se buscaba educación fuera pero bajo determinadas necesidades, por ejemplo, los wayúu: para que las mujeres aprendieran las operaciones aritméticas y el correcto uso del castellano como un medio para fortalecer la capacidad de interlocución comercial con la sociedad mayoritaria.  Los inga consultaron los casos de salud (hoy también lo hacen) sólo cuando internamente no había solución. Todo esto vulnera parcialmente muchos de estos sistemas. Sin embargo, uno y otro tipo de pueblos –aún bajo estas condiciones– comparten estos sistemas con otras sociedades que fueron más herméticas por lo que tienen hoy un modo de vivir que los hace estar cerca de eso que los blancos llaman “usos y costumbres tradicionales”.  A doce años de los cambios constitucionales es posible encontrar una tipología de pueblos en los que se incluye más o menos el modelo monocultural estatal ya que todos lo conllevan o lo interiorizaron de algún modo. Es tanta la incidencia de ese modelo estatal en estos pueblos que, incluso, algunas situaciones y conflictos internos –reconocido así por los mismos indígenas– tienen mejor solución en el sistema externo.  Al conservar, sin excepción, todos los pueblos indígenas su sentido de pueblo distinto (sentido de diferencia) y la definición de ciertos asuntos para ser tratados internamente (autonomía), la cultura que viven, configurada hoy por distintas fuentes, la cual viven cotidianamente de forma dinámica, formal y constitucional, comparte principios equivalentes en competencia y dignidad con la organización de la cultura mayoritaria y hegemónica.  Así, encontramos por la vía interna, aplicando el derecho de auto disposición –de crear y recrear condiciones adaptables a las necesidades– y por el camino externo –que conduce programas y proyectos estatales–, fortaleci dos sistemas socioculturales que son vividos y aplicados más allá de aquellos elementos clasificados exclusivamente como “usos y costumbres tradicionales”.  Esto quiere decir que participan de la condición de indígenas muchos miembros de pueblos que perdieron su lengua, sus formas de gobierno y de administración de justicia; que, incluso, perdieron dinámicas sociales de organización social y económica, dado que el Estado monocultural eliminó muchas de ésas, sus formas propias.  Sin embargo, entre los problemas con que se topan las autoridades indígenas y no indígenas, en una sociedad en proceso de cambio para la configuración de una sociedad pluralista y multicultural de tipo igualitario, se hallan los indígenas clasificados en el límite de dos o más culturas. Es decir, a medida que los individuos y grupos se trasladan a las ciudades –fenómeno estadísticamente importante hoy–, cambian sus propios mundos y comparten sus referentes previos de modo diferenciado.  Cada nuevo grupo del que una persona participa contribuye a ajustar referen tes, principios y conductas que en la medida en que se incorporan a su propia perspectiva, combinan una multiplicidad y pluralidad de códigos de significación, por una parte y, por otra, la necesidad de contener las tendencias sociales entrópicas, que obligan a las instituciones a legitimarse en la producción de consensos que eliminen las situaciones de vacío, de incertidumbre o de anomia.  Otro cuadro diferenciado de este panorama que lo complementa, de modo importante, es que al establecer relaciones de competencia jurisdiccional con jueces de la jurisdicción ordinaria, con asociaciones internas a los mismos pueblos, con grupos armados ilegales, al afrontar casos no previstos como la participación de sus miembros en la guerrilla, el paramilitarismo, el narcotráfico, o la corrupción, entre otros hechos nuevos, las autoridades de los pueblos indígenas realizan ajustes internos permanentemente.  Este horizonte se vuelve aún más complejo por la participación de los jóvenes, que consideran que pueden liderar procesos, muchos de los cuales con resultados negativos. En definitiva, es posible concluir que por ejemplo los pastos, que asumen gran parte de la cultura mayoritaria como cultura propia, o los Cubeo, cuya cul tura cuesta trabajo aprehender y entender, ya que se fundamenta en el mito y el ritual, o los miembros del cabildo multicultural que habitan en Medellín, evidentemente configurados sobre bases diferentes y orígenes distintos, están reconocidos en la Constitución como pueblos y como sujetos de derecho.  Coexisten los pueblos indígenas y afrodescendientes, raizales, mestizos y extranjeros, clara manifestación de una nación que acoge pueblos y comunidades diferenciadas culturalmente. Frente a este hecho que reconoce la preexistencia en el territorio nacional de reservas de sentido configuradas y dinámicas, para que puedan abordar momentos históricos y realidades distintas, en competencia con la cultura mayoritaria, los pueblos han tenido que concebir y trazar salidas no sólo frente a las nuevas situaciones, como ya se expresó, sino frente a las demandas individuales y particularizadas que, en el sentido liberal, deben ser respetadas como derechos fundamentales de la persona y que resultan en conflicto normativo y cultural con visiones que protegen al sujeto colectivo de derecho.  Las autoridades con competencia jurisdiccional, que hacen parte de la rama judicial de Colombia, como si fuera poco, tienen además que participar en la construcción de formas de coordinación y liderazgo para la cimentación del entendimiento intercultural.  La nueva sociedad colombiana a configurar exige responder a un espectro muy amplio de demandas, así como a examinar y realizar cambios culturales internos provienen de imposiciones externas que, como los mínimos jurídicos, les obligan. Este nuevo hecho que es impuesto, porque a lo propio se agrega lo impuesto, lo apropiado, lo re creado, etc., implica mudar determinados referentes, lo cual configura también a estos pueblos de modo distinto.  Reconocimiento Del Sujeto De Derecho Colectivo  Estos grupos, que en su mayoría han vivido años marcando diferencias por medio del uso de una lengua distinta, de creencias diferentes, de sistemas de organización social y de parentesco y de sistemas de derecho propio, más que reclamar para “conservar estos fenómenos que pueden cambiar en el tiempo o incluso ser comunes con otras sociedades”, porque se le impuso un modelo o porque apropiaron algunos asuntos, se sienten distintos y como distintos que son por sentirse miembros integrales de un cuerpo muy particular son reconocidos como sujetos de derecho y no pueden ser tratados aplicando los mismos raseros que para los sujetos individuales. El sujeto individual, desde el liberalismo, es pensado como racional y como libre y como tal, sujeto de derecho. Así, por ejemplo, como racional y como libre puede creer en la religión que quiera, y el Estado debe proteger el derecho a la libertad de culto, pero además de este sujeto individual, Colombia reconoce otro sujeto distinto, esto es, el sujeto colectivo que, en el marco de esta visión y postura, es el que tiene los derechos por lo que sus miembros son sujetos de deberes.  Esta perspectiva es la base sustantiva para justificar por qué no pueden ser tratados los indígenas como iguales ante la ley, puesto que como pueblos son sujetos de derecho.  Los Cubeo, los Inga, los Puinave, los Andoque, los Awá, etc., no son sólo sociedades conformadas por la suma de individualidades, sino que cada uno de ellos es una unidad sociocultural y que como unidad tiene derechos. La Corte ha definido que este sujeto colectivo también tiene derechos fundamentales y dentro de los más fundamentales tienen derecho a la vida y a la integridad del cuerpo.  Los constituyentes consideraron dignas de ser valoradas esas diferencias sentidas y observables en estos pueblos, dignos los sentimientos que permiten a unos sentirse ligados, no sólo a los referentes de una cultura o etnia particular, condición que portan y viven los sujetos socializados como indígenas, sino a las condiciones que permiten su reproducción como pueblos. Se trasciende así, a no sólo ver y reconocer las diferencias en la vida cotidiana como fenómenos inherentes, tales como el vestido o la lengua, sino a valorar una condición y configuración diferenciada, donde los miembros de un pueblo viven los derechos y deberes de manera distinta.  Un indígena, por ejemplo, ve limitado su derecho a la propiedad privada ante el deber de conservar el territorio colectivo. Este solo verbo, valorar, abre paso a una política de reconocimiento ante la necesidad de forjar y de construir un Estado distinto que, como ya se dijo, parte de la capacidad para diferenciar como valiosas estas condiciones de los pueblos, pero lastimosamente también para reconocer desigualdades y diferencias estructurales propias de un sistema estructuralmente definido de un determinado modo, que son resultado de un sistema desigual con estos nuevos sujetos de derecho.  La Corte Constitucional de Colombia distinguió también los derechos del sujeto colectivo (los pueblos indígenas) de los derechos colectivos de los colombianos así: “Los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, como sujeto colectivo de derecho, no deben confundirse con los derechos colectivos de otros grupos humanos. La comunidad indígena es un sujeto colectivo y no una simple sumatoria de sujetos individuales que comparten los mismos derechos o intereses difusos o colectivos (Art. 88 CP).  En el primer evento es indiscutible la titularidad de los derechos fundamentales, mientras que en el segundo los afectados pueden proceder a la defensa de sus derechos o intereses colectivos mediante el ejercicio de las acciones populares correspondientes” ST - 380 /93.  Estas consideraciones de la Corte Constitucional de Colombia permiten ampliar y fortalecer la comprensión para justificar el principio que permite a las comunidades indígenas como sujeto colectivo utilizar el mecanismo más eficaz que garantiza la protección de sus derechos: la acción de tutela.  Los articulados en la Constitución referidos a los pueblos indígenas logran determinar quiénes son esos colombianos portadores de estos bienes étnicos y culturales particulares y qué es lo que se está reconociendo a unos colombianos distintos.  La constitución de Colombia va más allá y opta por configurar una salida que permita regularizar y poner en con diciones de igualdad y de oportunidades a es tos pueblos; por ello asume acciones afirmati vas o de discriminación positiva generando las condiciones para configurar un trato distinto.  70. Inciso 2 Principio De Igualdad De Las Culturas  “La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las personas que conviven en el país (...)”.  10. Principio De Oficialidad De Las Lenguas Indígenas En Sus Territorios “(…) Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios (...)”.  96. Indígenas Como Nacionales Colombianos  “Son nacionales colombianos:  Por nacimiento: a) Los naturales de Colombia (...)  Por adopción: c) Los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos, con aplicación del principio de reciprocidad según tratados públicos”.  10. Derecho A Educación Bilingüe E Intercultural  “La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”.  68. Derecho A Educación Respetuosa De Las Tradiciones  “Los integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y desarrolle su integridad cultural”.  171. Derecho A Elección En Circunscripción Especial  “El Senado de la República estará integrado por cien miembros elegidos en circunscripción nacional.  Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas. (...) La circunscripción especial para la elección de senadores de las comunidades indígenas se regirá por el sistema de cuociente electoral.  Los representantes de las comunidades indígenas que aspiren a integrar el Senado de la República deberán haber ejercido un cargo de autoridad tradicional en su respectiva comunidad o haber sido líder de una organización indígena, calidad que se acreditará mediante un certificado de la respectiva organización, refrendado por el Ministro de Gobierno”. No existe en Ecuador.  176. Incisos 3 Y 4. Faculta Al Legislador Para Crear Circunscripción Especial Adicional “La ley podrá establecer una circunscripción especial para asegurar la participación en la Cámara de Representantes de los grupos étnicos y de las minorías políticas y de los colombianos residentes en el exterior. Mediante esta circunscripción se podrán elegir hasta cinco representantes”. No existe en Ecuador.  329. Derecho De Grupo A La Propiedad De La Tierra  “Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable.”  246. Derecho De Grupo A Administrar Justicia “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y las leyes de la República. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.”  330. Derecho De Grupo A La Autonomía Política En Colombia  “De conformidad con la Constitución y las leyes, los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones:  Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios.  Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo.  Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.  Percibir y distribuir sus recursos. Velar por la preservación de los recursos naturales.  Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades de su territorio.  Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional.  Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren.  Las demás que señalen la Constitución y la ley.”  330 Parágrafo: Derecho De Grupo Relativo A La Explotación De Recursos En Territorio Indígena  Parágrafo. “La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades.”  357. Derecho De Grupo A La Autonomía Financiera  “Los municipios participarán de los ingresos corrientes de la nación. (...) Para los efectos de esta participación, la Ley determinará los resguardos indígenas que serán considerados como municipios.”  329. Inc. 1 Y 3. Entidades Territoriales Indígenas  “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. (...) La ley definirá las relaciones y coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte.”  Art. 80. La Acción De Tutela En La Constitución De Colombia  Toda persona tendrá DERECHO a la Acción de Tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, a la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública (…)  Los Derechos De Grupo De Los Pueblos Indígenas  Aunque las sentencias hablan por sí mismas, las argumentaciones en cada una son dignas de conocerse y trabajar por cuanto en ellas son observables reflexiones que definen por qué y cómo proteger un derecho de modo particular a un pueblo indígena y cómo apuntar para que la igualdad sea real y respete la diferencia.  Así entonces con respecto a la protección del derecho a la salud, por ejemplo, se falla para que puedan disponer de los servicios del sistema nacional de salud, pero bajo políticas públicas concretas para que éste se adecue, por ejemplo, introduciendo en los hospitales otra manera para abordar el parto o a los familiares del enfermo.  Igualmente, obligando a que el sistema carcelario nacional posibilite, toda vez que un recluso indígena lo solicite, atención de su sistema propio de salud. Bajo esta aplicación eficaz de los dere  Fue posible que un chamán permaneciera en el mejor centro especializado para enfermedades del corazón bajo el cuidado de médicos ortodoxos y que Anastasio Pe che como recluso recibiera atención del jaibaná o médico tradicional embera en la cárcel.  El Derecho A La Supervivencia Cultural Es la versión grupal del derecho a la vida y a no ser sometido a desaparición forzada. Al igual que el derecho a la vida, es el derecho básico de los individuos del que se deriva la posibilidad de ejercer los demás; dentro de los pueblos indígenas sucede lo mismo.  Por esta razón, aparece en la mayoría de las sentencias relativas a derechos de los pueblos indígenas. Pero en particular fue decisivo en las sentencias T-428 de 1992, T-342 de 1994, T-007 de 1995, SU-039 de 1997, SU-510 de 1998 y T-652 de 1998.  El Derecho A La Integridad Étnica Y Cultural Este derecho es el correlato del derecho individual a la integridad personal. Es básico en el sentido de que también es fundamental el derecho a la supervivencia cultural. Al igual que el derecho anterior, aparece mencionado en la mayoría de las sentencias de la Corte sobre el tema y, por tanto, fue trascendental en las decisiones de los casos que corresponden a las sentencias T-342 de 1994, SU-039 de 1997, SU-510 de 1998 y T 652 de 1998.  El Derecho A La Preservación De Su Hábitat Natural (Integridad Ecológica)  Reconociendo la importancia que tiene para las comunidades indígenas la preservación de su hábitat natural y consciente de los cambios culturales que las variaciones en este hábitat pueden generar, la Corte ha reconocido a las comunidades indígenas un derecho a la preservación de su hábitat natural. Este derecho fue determinante en las decisiones que se tomaron en las sentencias T-380 de 1993, SU-037 de 1997, T-652 de 1998, T-380 de 1993, SU-037 de 1997 y T-652 de 1998.  El Derecho A La Propiedad Colectiva Sobre La Tierra Habitada Por La Comunidad  Este derecho de los pueblos indígenas aparece consagrado en la Constitución en dos de sus artículos. Es importante resaltar, sin embargo, que la Corte le ha dado el carácter de derecho fundamental de los pueblos indígenas y por tanto es susceptible de tutela, lo que no ocurre con el derecho individual a la propiedad, que sólo es tutelable cuando está en conexión con el derecho a la vida, la integridad personal o la dignidad humana.  Además de señalar su carácter de derecho fundamental, la Corte ha concretado el texto constitucional señalando que este derecho incluye a su vez cuatro derechos: T-567 de 1992, T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 de 1998, T-652 de 1998, T 405 de 1993 y SU-039 de 1997.  Derecho a que cada comunidad tenga su propio territorio. Derecho a la división de los resguardos. S.T. 188 de 1993.  Derecho a la división de los resguardos Derecho a la unificación de los resguardos. Derecho de exclusión del territorio indígena. S.T. 652 de 1998.  Derecho a impedir la entrada o permanencia en su territorio de personas indeseadas. O derecho de exclusión del territorio. S.T.257 de 1993; SU- 510 de 1998.  Límites al derecho de exclusión: a) Seguridad nacional T-405 de 1993, y) explotación de recursos cuando no se logra acuerdo, la consulta ha sido adecuada y la intervención es justificada. T-567 de 1992, T-188 de 1993, T-652 de 1998, T-257 de 1993, SU-510 de 1998, T-652 de 1998, T-405 de 1993 y SU 039 de 1997.  No obstante, la Corte enfatizó que la protección de la seguridad nacional es un interés que debe ser protegido intentando causar el menor daño a la comunidad indígena que habita el territorio. Cuando la intromisión (para llevar a cabo obras o realizar proyectos de exploración o explotación de recursos naturales, renovables o no renovables) se considere justa y se haya realizado un proceso de consulta adecuado, así la comunidad no lo apruebe.  Así lo estableció en la sentencia SU-037 de 1997, en donde además aclaró cuándo podría considerarse justificada la intromisión a pesar de la negativa de los indígenas.  El derecho a determinar sus propias instituciones políticas y a que éstas sean reconocidas por los agentes estatales (autonomía política). Este derecho fue protegido por la Corte en las sentencias C-139 de 1996 y T-652 de 1998.  El Derecho A Administrar Justicia En Su Territorio Y A Regirse Por Sus Propias Normas Y Procedimientos (Autonomía Jurídica)  Mostrando los alcances y límites que se le han dado, es importante señalar que este derecho aparece por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la sentencia T-254 de 1994, en la que la Corte aclara que se trata de un derecho de aplicación inmediata y que por tanto no requiere de una reglamentación del Estado colombiano para ser reconocido. El derecho también fue protegido en las sentencias C-139 de 1996, C-349 de 1996, T-496 de 1996 y T-23 de 1997.  El Derecho A La Participación En La Toma De Decisiones Que Puedan Afectar A Las Comunidades Indígenas En Su Territorio. Este derecho está consagrado expresamente en el parágrafo del Art. 330 de la Constitución y también en la Ley 21 de 1991 (Art. 15). Ha sido protegido por la Corte en las sentencias SU-037 de 1997 y T-652 de 1998.  El derecho a la igualdad lingüística de las comunidades indígenas, que se concreta en el reconocimiento de la oficialidad de sus lenguas en el área de influencia de las comunidades, no estrictamente en sus territorios de resguardo.  Este derecho fue protegido en la sentencia T-84 de 1994.  El derecho a determinarse por su cosmovisión religiosa y a hacerla valer ante terceros (Autonomía e igualdad religiosas). Este derecho fue protegido en las sentencias T-342 de 1994 y SU- 510 de 1998.  El derecho al reconocimiento y protección de las prácticas médicas tradicionales fue expresado en la sentencia C-377 de 1994 y protegido en la sentencia T-214 de 1997.  El Derecho A La Igualdad Material De Las Comunidades Indígenas  Esto es, a acceder a prestaciones del Estado cuando como comunidad se encuentra en situaciones de debilidad manifiesta. Entre estas prestaciones se incluyen:  Educación. Derecho protegido en las sentencias T-007 de 1995 y T-717 de 1996.  Salud. El derecho a la protección en salud a comunidades en situación de debilidad manifiesta fue protegido en las sentencias T-342 de 1994, T-007 de 1995 y T- 652 de 1998.  Suministro de agua potable. Fue protegido en la sentencia T-007 de 1995.  Derecho al desarrollo de la comunidad según sus propias convicciones. Fue protegido en las sentencias T-007 de 1995, SU-039 de 1997 y T-652 de 1998.  Bloque De Constitucionalidad  Configuran una unidad y base constitucional los siguientes instrumentos internacionales:  La Convención de Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial.  La Declaración y Programa de Acción de Durban.  La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos.  El proyecto de Declaración de Derechos Indígenas de la Organización de Estados Americanos.  El Proyecto de Declaración de Derechos Indígenas en discusión en las Naciones Unidas.  El Convenio 169 de la OIT.  Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en el seno de las Naciones Unidas. Capítulo 2 Análisis De La Situación Indígena En Colombia  El primer problema que queremos resaltar lo constituye la falta de información que manifieste el reconocimiento a la existencia de los indígenas. La negación de su identidad, por parte tanto del Estado como del resto de la sociedad, representa un hecho flagrante de discriminación, atentatorio contra la Constitución y los pactos y convenios internacionales de Derechos Humanos.  Esta invisibilización lleva a la negación de su existencia, cuyo resultado es el reforzamiento de la discriminación porque lleva a la inacción de todos los actores institucionales y sociales.  La invisibilización de los indígenas como miembros de un sujetos colectivos de derecho, como individuos con derechos y como una manera diferente de ser y de ver el mundo y la vida, ha impedido que el país conceptualice correctamente, reconozca jurídicamente, establezca políticas públicas e instancias de participación adecuadas para posibilitar su valoración y desarrollo.  Lo anterior se expresa, entre otras cosas, en la inexistencia de estadísticas, estudios científicos y de indicadores e información general y sectorial adecuadas que permitan una mejor aproximación a la realidad que viven. Esta situación lleva a que las políticas que les afectan los consideren indiferenciadamente del resto de “pobres”, “vulnerables”, o “personas que viven en poblaciones rurales”.  El hecho de que la información estadística y étnica puede prestarse a reforzar la discriminación o a una mala utilización por parte de los diseñadores de políticas (como ha sucedido en muchos casos) se convierte en una tarea sensible, por lo que los organismos internacionales de derechos humanos recomiendan que la población concernida debe no sólo ser consultada sino que tiene que participar en la información y en la vigilancia de los usos futuros que ésta pueda tener.  La información general muestra de todos modos los problemas más contundentes y ello contribuye para que profundicemos en los problemas de una realidad dramática e injusta y para que ojalá sensibilice a quienes tienen parte de la solución.  2.1. Población Y Territorio Con una población total, según el DNP, de 701.866 habitantes en cinco macro regiones identificadas como:  Amazonía, con 83 entidades territoriales (resguardos y reservas), 44 grupos étnicos y una población de 48.622, equivalente al 6.9%; Orinoquia, con 124 entes territoriales, 56 grupos étnicos y 69.866 habitantes que representan el 9.9% de la población indígena nacional, en la que se destacan los sicuani, con el 29.4%, los curripacos, con el 10.1% y los tukano, con el 9.7% de la región. La región Centro Oriente, con 28 resguardos, entre los que se destacan los pijao, con el 9%, los uva, con el 19% de una población de 36.017 habitantes de la región, equivalente al 5.1 % de la población indígena nacional.  La región de Occidente con 222 resguardos, 27 pueblos indígenas y 337.636 habitantes, lo que representa la mayor población del país (48.1%), destacándose el pueblo nasa o páez, con el 35.1% de la población indígena de la región, los embera, con 1.1% de la región, los pastos, con el 16.4% y los guambianos, con el 6.1%.  La Costa Atlántica cuenta con 22 entes territoriales, 17 grupos étnicos y 209.719 habitantes que representan el 29.4% de la población de la región. El grupo mayoritario de la región es el wayúu, con el 68.6% de la región, le siguen los zenú, con el 16.1% y los arhuacos, con el 6.8%.  Sin embargo, la diversidad de cifras sobre la población indígena cambia sustancialmente de una institución gubernamental a otra; la Organización Nacional Indígena de Colombia y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia manifiestan que la población indígena sobrepasa el millón.  Esta desinformación acarrea problemas para el desarrollo de los programas de gobierno que permitan medir la cobertura real sobre la totalidad de esa población, más si se tiene en cuenta los desplazamientos forzados á que están siendo sometidos los indígenas, obligándolos a ubicarse en las cabeceras urbanas.  Del total de pueblos indígenas que habitan el territorio colombia no, un 85% viven en tierras de resguardos legalmente constituidos, mientras que 200.000 indígenas, aproximadamente, no tienen tierra y se encuentran fuera de sus territorios ancestrales.  Sí bien es cierto que los pueblos indígenas poseen el 28% del territorio nacional, su ubicación, calidad, posibilidades de producción y comercialización no son favorables ni suficientes para obtener los recursos necesarios que les permitan una subsistencia digna y acorde con sus características propias y que les posibilite una sustentabilidad.  La ubicación geográfica que estratégicamente les concedió el Estado, aislándolos y separándolos de los centros de desarrollo y ubicándolos en zonas de frontera, los coloca hoy en los escenarios propicios para el incremento de la colonización indiscriminada, la producción de cultivos ilícitos, el uso y control del territorio político, y los ha convertido en víctimas de la violencia y confrontación armada entre paramilitares, guerrillas, colonos y terratenientes, provocando desplazamientos masivos de individuos y comunidades hacia otras comunidades indígenas dentro del país, como los paeces y emberas en el Putumayo, o hacia el exterior, por ser fronterizos, como los tule hacia las comunidades tule de Panamá y los awá hacia Ecuador.  Un fenómeno creciente y propio de La escalada del terror es el desplazamiento hacia zonas urbanas.  El territorio para los indígenas constituye una base espiritual y una base material complementarias. Además de constituir el espacio que liga a numerosas generaciones con los antepasados, donde se origina su propia historia ligada a la identidad, la tierra es considerada como pariente que da origen a la vida o espacio madre a quien, por ende, se debe cuidar y proteger, interpretar sus manifestaciones para ayudarle a conservarse como vital para las generaciones venideras.  Por todo ello, se considera que el territorio vincula a los indígenas con el pasado y también con el futuro; les otorga sentido de unión y de supervivencia en un proceso encadenado de arraigo, de identidad y pertenencia.  El territorio es la base de la reproducción cultural y de la condición integrante de un pueblo, que se relaciona directamente con la tierra como medio de sustento en la que se caza, recolecta, cultiva, se crían animales y se dispone de recursos naturales como agua, maderas, además de ríos y caminos necesarios para el transporte.  El territorio es base para la organización de la vida social, para el manejo adecuado de los bienes de todos y para lidiar los conflictos internos. Marca límites frente a otras sociedades y es el espacio para el fortalecimiento de la autonomía.  Existen diferencias frente a los patrones de manejo del medio ambiente: “La tierra para los indígenas tiene un significado amplio, que comprende no sólo la superficie sino los recursos naturales –flora, fauna, ríos, lagos, etc. -- que hay en ella. En contraste con el concepto de propiedad individual, propio de la cultura occidental, la tierra y los recursos son generalmente poseídos y utilizados en forma comunitaria por los indígenas”.  A diferencia de la visión antropocéntrica oc cidental, en las sociedades indígenas los hombres formamos parte de la naturaleza, junto a otros seres, y ésta no puede ser objeto de uso desmedido ni menos aún de explotación. A la tierra se le debe la propia existencia y por eso hay que cuidarla. Tal vez a ello se debe el carácter de propiedad colectiva. Esta relación tan estrecha con la tierra y la naturaleza hace que hasta hoy las demandas principales de los indígenas y sus organizaciones tengan que ver con la tierra y con el territorio.  Tales demandas remiten a los primeros tiempos de la invasión europea y han sido objeto de reclamos, protestas e incluso enfrentamientos entre indígenas y no indígenas. Y es que sin territorio no es posible pensar ni en salud ni en edu cación: “La pérdida de sus tierras (esencia les para su modo de vida) ha sido una constante en la historia indígena de América La tina, y la lucha por la preservación o restitución de sus derechos agrarios está en la base de muchos de los intentos recientes de los indígenas por organizarse.  La tierra y sus diversos recursos (los bosques, el agua, los animales, incluso los minerales) se ven principalmente como bienes colectivos, comunales, aunque la noción de los derechos de propiedad individual ha penetrado en los indígenas después de décadas de expansión capitalista [...] La cuestión de la tierra no está aún resuelta para el indí gena en América Latina, y su descuido por parte de los gobiernos –después de la ola de reformas agrarias durante los años sesenta como parte del programa de la Alianza para el Progreso– impone severas cargas a los indígenas. (Stavenhagen, 1997:71). En rigor, a diferencia de la percepción occi dental de las cosas, la visión indígena del territorio no considera únicamente lo físico geográfico, ni tampoco sólo los aspectos sociales inherentes a la vida sobre ese suelo; entre otras dimensiones incluye también lo histórico espiritual. Ejemplo de esa visión integral respecto del territorio es lo que destaca un líder kogui de la Sierra Nevada de Santa Marta cuando afirma la imposibilidad de parcelar los aspectos físicos y espirituales del territorio, al referirse al saneamiento territorial afirma que: “Para ordenar el territorio, hay que ordenar el pensamiento.  Lo que nosotros entendemos por ordenamiento territorial no es sólo demarcar o delimitar un pedazo de tierra. Es mucho más profundo: se trata de ordenar el pensamiento para poder vivir bien sobre ese pedazo de tierra. O sea que el ordenamiento territorial tiene dos partes: la espiritual, que se refiere al pensamiento, y la física, que se refiere a la tierra. Para nosotros, esas dos partes no se pueden separar, siempre están unidas, pues el territorio es uno solo. (Mamas Kággaba, 1994. En contratapa de Jimeno, G. y otros, compiladores.)  Desde una perspectiva tal, es comprensible que hoy las organizaciones indígenas, en particular, y los pueblos indígenas, en general, consideran que un pueblo sin territorio se encuentra condenado a la extinción y que durante las últimas décadas lo reivindiquen mediante movilizaciones y reclamaciones de distinta índole.  Y es que, como hemos podido apreciar, el reconocimiento de los derechos indígenas implica reconocer que los indígenas tienen derecho a recursos de distinta índole que garanticen su continuidad.  Cabe destacar, sin embargo, que tales reconocimientos ocurren en un contexto de creciente conflicto, producto de la diversidad de intereses presentes en la cuestión territorial, y reflejan una virtual lucha de visiones diferentes respecto a la relación entre el hombre y la naturaleza. Los indígenas, como hemos visto, reivindican su derecho a la tierra como condición sine qua non de su pervivencia y del ejercicio de su libertad.  Por su parte, los sectores dominantes de la sociedad, que coinciden con la visión que al respecto tienen los latifundistas vinculados con la agroindustria y la actividad agropecuaria en general, los madereros, los mineros, las petroleras, entre otros, ven los recursos naturales y el territorio sólo desde una perspectiva de uso y explotación. De ahí que todos ellos juzguen las reivindicaciones indígenas y los reconocimientos territoriales por parte de los Estados como un obstáculo para el crecimiento económico y para el desarrollo de un país.  Entran en conflicto así dos visiones contrapuestas: la del hombre un miembro más y parte integral de la naturaleza y la del hombre como amo y señor de la naturaleza.  Pero las demandas territoriales no caracterizan únicamente a los indígenas que aún habitan en los territorios ancestrales ni solamente en el campo. También constituyen un reclamo creciente de quienes, por diversos motivos y también por la agresión permanente de la sociedad hegemónica criollo mestiza, han debido desplazarse hacia lugares distintos al ancestral originario, llegando a ocupar incluso espacios en centros poblados y ciudades de la región.  Pareciera estar en construcción una noción de territorio discontinuo vivido o imaginado pero igualmente importante y necesario para poder considerarse como indígena. Sentimientos como éstos contribuyen actualmente a la construcción cognitivo afectiva de las sociedades indígenas como transterritoriales o translocales y también a la constitución de una identidad indígena territorializada, que trascendiendo la comunidad indí gena clásica se construye y reconstruye en una relación permanente o periódica con los lugares de origen.  Esta identidad se retroalimenta con viajes y visitas, tanto propias como de parientes y vecinos, así como mediante la reedición en las ciudades de las celebraciones principales del lugar de origen y de otras prácticas socioculturales que, apelando al trabajo comunitario y a la reciprocidad, buscan resolver problemas cotidianos propios de las ciudades.  Ello hace, por ejemplo, que hoy se postule incluso la noción de ciudades multiculturales en las que se reconozca no sólo la existencia de migrantes indígenas sino también el derecho que les asiste a los indígenas urbanos, originarios de otras comunidades y lugares y también a aquellos nacidos ya en la ciudad, de contar con una base mínima de de rechos que garanticen su continuidad sociocultural y el respeto a su identidad como indígenas, incluso en el ámbito urbano (cf. García-Linera 2003).  2.2. El Movimiento Indígena En Colombia  A pesar de los procesos de asimilación y reinterpretación de los diferentes sistemas sociales económicos, políticos y tecnológicos que se impusieron a los indígenas, mediante procesos de resistencia y recreación de lo propio, tomando medidas que van desde las migraciones, la búsqueda de zonas de refugio, las sublevaciones, hasta la creación de nuevas identidades étnicas, como son los nuevos procesos sociales de conformación de cabildos urbanos y cabildos urbanos multiétnicos, así como la implantación de organizaciones durante algo más de tres décadas, han logrado los indí genas hacerse visibles y transformar relaciones con gran parte de las instituciones del Estado que han conseguido valorar su aporte a la construcción de país.  Algunos servidores públicos tienen claro el abandono al que han estado sometidos, el peligro que corren y ante todo muchos más aceptan la obligación y el reto de darles un trato diferenciado que permita su existencia como pueblos distintos.  A partir de 1991 se presentan ajustes formales como se ha expresado en defensa de la diversidad cultural, el reconocimiento a sus formas de propiedad colectiva y de gobierno, así como de participación en asuntos públicos y de la política nacional.  El movimiento indígena en Colombia recoge en sus planteamientos esta historia de luchas por la recuperación de sus territorios, el mantenimiento de sus identidades, cultura y autonomía, hasta alcanzar los espacios políticos y económicos con que hoy cuentan en el país.  Existen 34 organizaciones indígenas entre regionales y naciona les, y aproximadamente 151 organizaciones de autoridades tradicionales, población en 82 pueblos y un movimiento político nacional, para participar directamente en el Congreso de la República, tanto por la circunscripción especial, como por la utilización de canales democráticos de los partidos políticos, que ha venido logrando cargos de gobierno departamentales y nacionales.  Mediante la participación en diferentes instancias para la toma de decisiones, entre las cuales se encuentra la consulta previa, los indígenas tienen la alternativa de aceptar un proyecto o una ley, lo cual cambia el modelo de gestión gubernamental y de participación comunitaria y ciudadana, ya que es imprescindible configurar el desarrollo bajo marcos culturales diferentes que tengan en cuenta las aspiraciones de estos pueblos.  Estos cambios configuran nuevos escenarios políticos y derroteros para el reconocimiento de sus derechos como sujetos colectivos como interlocutores directos.  La nueva política indigenista del Estado ha de responder a la presión firme ejercida por las autoridades tradicionales y las organizaciones indígenas. Para algunos asuntos, como se ha visto anteriormente, se recurre a nuevas y distintas formas organizativas y a la Acción de Tutela. El objetivo es siempre el mismo: como voceros directos con el Estado, defender la autonomía en la toma de decisiones en asuntos que corresponden a los pueblos. El enfoque del trabajo de las organizaciones indígenas no sólo se orienta a mejorar condiciones de existencia de los pueblos indígenas sino también a la construcción de una nación multicultural y con un Estado social de derecho como derrotero para todos.  2.3. Condiciones De Vida Especiales  Indígenas En La Ciudad  Se han venido presentando en las ciudades indígenas desplazados. En Medellín en el año 2000, un grupo de 100 indígenas, no claramente clasificables de acuerdo a un grupo étnico, se ubicaron en las calles. Para unos eran emberas que vinieron a pedir limosna; los hombres, según esta versión, ponían a mujeres y niños a pedir limosna. Otros, los clasificaron como ecuatorianos que bajo la crisis económica viajaron a Pasto, Popayán y Cali de donde salieron hacia Medellín, dado que fueron sacados de estas ciudades.  Es cada vez más grande el número de indígenas que se trasladan a las ciudades ya sea en busca de oportunidades de comercio, estudio, o por razón de la guerra. La primera manifestación de este fenómeno se da con los ingas del Alto Putumayo que iniciaron procesos de mercadeo de su medicina y hierbas naturales y establecieron un grupo importante que reproduce de manera adaptada usos y costumbres, lo cual les permite mantener y afianzar su sentido de miembros de un pueblo distinto.  Ellos han fortalecido la educación bilingüe, las autoridades reconocidas con competencia jurisdiccional hacen justicia, y mantienen vínculos afectivos, sociales, culturales y políticos con sus comunidades de origen, pero también han sido anfitriones de otros individuos y grupos recientemente llegados a la capital.  Los indígenas en las ciudades se relacionan entre sí, y como indígenas pertenecientes a diversos pueblos han configurado cabildos multiculturales y pluriétnicos y multilingüísticos. Unidos por el sentido de ser pueblos distintos, amplían la solidaridad de grupo, intercambian visiones del mundo y también establecen matrimonios mixtos.  Pese a que son una minoría, han logrado una presencia respetada particularmente por la creciente participación de indígenas en el Senado y la Cámara, en cargos públicos y de gobierno, y a una mayor difusión de lo étnico cultural indígena en los medios de comunicación y en la cotidianidad de los no indíge nas en las ciudades.  Esta presencia ha permitido a los citadinos conocer mundos indígenas como el del yagé, la medicina tradicional, las visiones religiosas, el amor a la naturaleza, que son valorados particularmente por grupos de jóvenes e intelectuales.  Los indígenas realizan trámites, participan en organismos e instituciones, tienen sedes organizativas que son además de puntos de encuentro y lugares donde proyectan asuntos, realizan tareas para conectarse con los nacionales y con diferentes comunidades internacionales. Las ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los indígenas ni a los indígenas para habitar la ciudad. Existen grupos identificados en Bogotá, Medellín, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo, Montería, Villavicencio, Popayán, Cali, Pasto, donde viven en condiciones deplorables.  Algunos realizan rituales adaptados para sobrevivir. Las mujeres y las niñas trabajan en el servicio doméstico sin las garantías laborales y de protección legales. En algunas ciudades intermedias, como Pasto o Popayán, estas mujeres son discriminadas y explotadas. Algunas comunidades religiosas también utilizan niños y niñas para los servicios domésticos. En Chocó, Vaupés, Caquetá, Puerto Carreño, Puerto Inírida, niñas indígenas trabajan como prostitutas, sometidas al peligro de contraer enfermedades.  Pese a la advertencia hecha hace cinco años al Distrito Capital, a la Secretaría de Educación y al Departamento Administrativo de Bienestar del Distrito sobre la necesidad de preparar a los ciudadanos en valores multiculturales y adecuarse institucionalmente para ofrecer una educación especializada a los migrantes indígenas, estudiantes, trabajadores y funcionarios, hasta hoy se empiezan a examinar estas necesidades y a configurar programas.  En todas estas situaciones de migración a la ciudad, los niños y jóvenes indígenas se ven privados del acceso a la educación. Comienzan a surgir propuestas alternativas de educación indígena urbana, como la inga en Bogotá, que es pionera en Colombia.  El Cabildo Inga de Bogotá tiene un jardín infantil y una propuesta bilingüe para atender a los niños y niñas ingas. Todo esto es producto de una reafirmación cultural y étnica que comenzó de otra manera, o sea, como mecanismo de supervivencia en la ciudad. Los indígenas se ocultan al emigrar a zonas urbanas; buscan no ser reconocidos como hablantes de otras lenguas, no utilizan la vestimenta propia y no viven la cultura para poder adaptarse a la nueva realidad.  Sin embargo, a medida que se van adaptando van encontrando la necesidad de adecuar su cultura al modo de vida cotidiano, en lo que es posible, de modo que fortalecen usos y costumbres que pueden sobrevivir en un espacio distinto. Se utilizan las lenguas propias, las bebidas y alimentos, se activan celebraciones rituales y se fortalece la solidaridad y la ayuda mutua para proyectar un futuro como grupo distinto.  Indígenas Aislados Y Amenazados  Dentro de esta tipología de pueblos, hay indígenas que mantienen escaso contacto con la sociedad mayoritaria. Los nukak makú, que aparecieron en la vida nacional en 1989, manifiestan una fisonomía diferenciada de los pueblos indígenas de Colombia.  En 1988 unos pocos nukak, mujeres, jóvenes y niños sin ropas, casi sin ningún elemento de nuestra sociedad y sin hablar una sola palabra de castellano, llegaron a Calamar, camino hacia un territorio ancestral, con rumbo a los ríos Unilla e Itilla. Gracias a un misionero de Nuevas Tribus se pudo saber que este grupo se llamaba a sí mismo Nukak, y que hablaba una lengua cercanamente emparentada con la de los bara makú o kakwa.  Los nukak makú, grupo indígena de cazadores recolectores, son conocidos como los últimos nómadas verdes que existen en el mundo. Ocupan parte de la reserva forestal de la Amazonía colombiana, entre los ríos Guaviare e Inírida y desde las sabanas de La Fuga hasta el límite occidental del departamento del Guainía.  Esta área, que aprovechan para cazar, pescar y recolectar productos silvestres, engloba el territorio al que se han visto confinados por el cordón colonizador. Una característica fundamental de la forma de vida de los nukak es su organización en pequeños grupos o bandas nómadas (oscilan entre 6 y 30 personas) unidas por relaciones de consanguinidad, afinidad o alianza.  El nomadismo permanente es la particularidad que los diferencia de otras sociedades tribales. Estos indígenas se desplazan aprovechando los sitios donde hay agua, las concentraciones de especies vegetales para la recolección de frutos, las zonas de pesca y cacería, y los lugares de habitación temporal, de encuentro y de intercambio.  Con ello completan el ciclo anual de la vida silvestre. Se desplazan con lo indispensable para instalarse en otro sitio. Su gran y única riqueza es la selva. Cuando un grupo agota en un lugar los recursos que ofrece la naturaleza, se traslada a otro sitio.  La población, según informantes de la región, entidades y misioneros, se calculó en 3.000 personas Hoy la población se calcula entre 700 y 1.000 individuos y hay quienes afirman que son sólo 400, dado el impacto de las fumigaciones y las enfermedades.  El contacto de este grupo indígena con el mundo exterior les generó daños irreversibles que hacen peligrar su existencia, su cultura, su independencia, su forma particular de relacionarse con la naturaleza y su vida como colectividad étnica. Los nukak ya han sufrido violación de sus derechos humanos, han sido víctimas de epidemias y algunos de sus niños han sido raptados. Además, varios de sus miembros se han vinculado como trabajadores cocaleros.  A pesar de ser muy conocida la problemática que afecta a los nukak, los enredos burocráticos impiden aplicar los recursos de transferencias ahorrados cada año que les corresponden. La situación es especialmente dramática para los niños, muchos de los cuales se hallan en orfandad y desprotección. El ICBF tiene conocimiento de que treinta niños viven por fuera de la comunidad, sin incluir nueve que se encuentran bajo protección de esta entidad estatal. Lo anterior sin contar algunos niños que viven con los colonos.  ¿Cuál es el futuro de los nukak makú en medio de la guerra, la colonización, la explotación brutal y depredadora de los recursos naturales y el aniquilamiento de la población por epidemias? Una de las necesidades más apremiantes tiene que ver en primer lugar con la posibilidad de vivir en un territorio con condiciones naturales protegidas.  Indígenas De Frontera  Los tratados internacionales con países de frontera manifiestan que los indígenas habitantes de dos países fronterizos participan de la doble nacionalidad. Sin embargo, frente a situaciones concretas, esta directriz no se realiza. Es el caso de los a’wa ecuatorianos en Colombia, de los wayúu en Venezuela, de los tikuna de Brasil, o de los tule en Panamá.  Los indígenas de frontera que viven en territorios continuos o en territorios internos tienen ciertos problemas particulares: separación de unidades sociales como clanes; las necesidades como pueblos se manejan de modo diferencial en los países fronterizos; los casos de niños de protección, por ejemplo, son más complejos de manejar por cuanto hay competencias jurisdiccionales específicas puesto que si son nacionales, el manejo de grupos identificados como de otra nación con figura un problema de orden público; los gastos para efecto de ayuda, transportes o gastos institucionales se complican pues no pueden haber recibos dentro de una contabilidad nacional que sean emitidos en otro país.  Se está en mora de examinar y generar una política al respecto.  En el año 2002 la prensa nacional registró el rechazo del gobierno panameño para aceptar la presencia de tules colombianos en territorio de frontera.  El ICBF de Cali descartó como su responsabilidad asumir los cuidados a familias indígenas ecuatorianas que debido a la crisis económica se desplazaron a Colombia.  El ICBF de Riohacha aceptó proteger al niño wayúu venezolano que llegó a Colombia.  2.4. Conflicto Interno Y Violencia  El conflicto armado insurgente es más profundo y está más extendido que en cualquier otro momento de las últimas tres décadas, y han disminuido las zonas con una presencia activa del Estado. En las últimas cinco décadas, los implicados en el conflicto armado han pasado de ser la guerrilla y las Fuerzas Armadas a incluir a los carteles de la droga y a los grupos paramilitares armados de derecha, lo que se ha visto acompañado de un aumento en la densidad, tanto espacial como en términos de redes recíprocas interdependientes entre las diferentes partes.  El conflicto armado interno se ha convertido en una lucha por controlar el territorio en la que muchas zonas del país, en especial las rurales, se hallan en disputa activa entre la guerrilla izquierdista y los grupos derechistas armados. Los municipios con algún tipo de presencia guerrillera aumentaron del 17 % en 1985 al 58 % en 1995.  Si a esto se añaden las zonas con actividad de los paramilitares, los traficantes de droga y las Fuerzas Armadas, aproximadamente el 75 % del país se encuentra bajo algún nivel de conflicto armado.  El Ejército y la Policía colombianos han sido incapaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos y la impunidad es común ante las crecientes violaciones de todo tipo de los derechos humanos. Como consecuencia, las corporaciones municipales y las instituciones de gobierno han perdido su soberanía y aumenta la cantidad de colombianos asesinados y desplazados».  Conflicto Armado Y Desplazamiento Indígena.  Este apartado es fundamental para entender la grave situación de violencia que afrontan los pueblos indígenas de Colombia. Entendemos por violencia los actos deliberados con el objeto de causar daño.  El actual conflicto armado se ha hecho presente en los territorios indígenas desde sus comienzos hasta llegar actualmente a afectar la mayoría de comunidades indígenas del país. La expansión del conflicto armado por los territorios indígenas tiene que ver, fundamentalmente, con los siguientes factores:  las ventajas estratégicas de los territorios indígenas para los grupos ilegales (insurgencia, narcotráfico, paramilitares) como zonas de refugio, como corredores para el tráfico de armas, drogas, contrabando y movilización de sus efectivos, y para ejercer desde allí el control de zonas económica y militarmente estratégicas;  la inversión de grandes capitales en zonas cercanas a territorios indígenas o directamente en ellos, atrayendo primero a la insurgencia por razones políticas y financieras y luego a la contrainsurgencia para defender las empresas;  la expansión de los cultivos ilícitos, coca y amapola, que terminaron invadiendo casi todos los territorios indígenas y convirtiéndose en la principal fuente de financiación de los actores armados de uno y otro bando;  la expansión del narco latifundismo hacia zonas con alto potencial de valorización de tierras.  Insurgencia, contrainsurgencia, narcotrá fico, empresas multinacionales y megaproyectos estatales son fuerzas externas, de gran magnitud e impacto, de mucho peso económico, capaces de desestabilizar las estructuras ambientales, territoriales, culturales y sociales de cualquier comunidad, de imponer su dominio y precipitar altos niveles de violencia.  La evidencia demuestra que los impactos tienden a ser peores en aquellos territorios y comunidades indígenas que no han logrado plena consolidación, ya sea porque el Estado no les ha legalizado sus territorios, porque son comunidades desorganizadas o recientemente conformadas o con muchas contradicciones internas – como el caso del Naya en el Cauca, de los kankuamos en La Sierra y de las comunidades más vulnerables de Urabá, Chocó y Putumayo–.  La afirmación de la autonomía comunitaria y la resistencia frente al conflicto armado y a todas estas fuerzas desestabilizadoras ha empezado a gestarse en las regiones donde las comunidades y las organizaciones indígenas han sido más fuertes, particularmente en el Cauca y Antioquia.  Casi todos los grupos guerrilleros que han existido en el país han operado en territorios indígenas. Incluso los indígenas mismos tuvieron su propio movimiento armado: el denominado “Quintín Lame”, para protegerse de los terratenientes y de la represión estatal desatada contra ellos en el gobierno de Turbay Ayala (Estatuto de Seguridad), como también contra las arbitrariedades de otros grupos guerrilleros.  Las actividades insurgentes, aunque inicialmente no estuvieran dirigidas contra las Kankuamos: es la etnia menos tradicional de la Sierra Nevada y no tiene territorio consolidado. Aquí es donde ha sido más intensa la guerra, han sido asesinados 150 kankuamos desde el año 96 y allí se han presentado desplazamientos masivos.  En el Putumayo los indígenas quedaron reducidos a resguardos muy pequeños y dispersos, además de que las comunidades del eje Mocoa-Puerto Asís no han legalizado sus territorios. Este es el escenario más intenso de guerra en el país.  Las comunidades indígenas, han sido expresión y fuente de conflicto armado, por la persecución de los organismos de seguridad del Estado contra la insurgencia y sus colabo radores (reales o supuestos), por la retaliación paramilitar y finalmente por los propios conflictos y contradicciones de los grupos armados con las comunidades. La permanencia de la guerrilla en las comunidades induce necesariamente interacciones voluntarias e involuntarias, por lo cual las comunidades de las denominadas zonas rojas pueden fácilmente ser señaladas de colaboradoras de la guerrilla. Algo similar sucede con las comunidades de las zonas bajo control paramilitar, que son vistas por los guerrilleros como colaboradoras de la fuerza pública y los paramilitares. Estos señalamientos tienen sus costos para la población civil, que a la larga termina siendo señalada y víctima de ambos bandos.  Las actividades de secuestros e incautación de ganado, vehículos, dinero y otra clase de bienes por parte de la guerrilla, desplazándose con ellos hacia las montañas y territorios indígenas, coloca a estas comunidades, al igual que a los campesinos y comunidades negras, en situación de alto riesgo ante la retaliación por parte de la fuerza pública y los paramilitares.  Por ejemplo, el caso de la masacre del Naya en el Cauca por parte de los paramilitares, en la que murieron más de cien personas (muchas de ellas indígenas paeces), después de que el ELN entregó allí a los secuestrados de La María y del kilómetro 18. Por lo anterior, una de las conclusiones del reciente Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia (nov. 2001) plantea frente a los grupos insurgentes: “les seguimos exigiendo que salgan de nuestros territorios, modifiquen sus procedimientos contrarios al pueblo, respeten la autoridad, territorios, gobierno y ejercicio de la jurisdicción indígena.  En desarrollo de actividades mineras, petroleras y de grandes proyectos de infraestructura energética y vial, a cargo de empresas multinacionales, se han venido haciendo grandes inversiones de capital en territorios que anteriormente estuvieron al margen del desarrollo económico del país, como las selvas de la Amazonia y del Pacífi co y los Llanos Orientales.  La inversión de capital multinacional en este tipo de proyectos, que por lo general se ubican en tierras bajas, es una de las características del nuevo modelo de desarrollo económico del país. En muchos de estos territorios hay presencia de comunidades indígenas.  Si bien estas fuentes de capital pueden ser una fuente muy importante de desarrollo socioeconómico, su historia, en muchas regiones han dejado experiencias muy negativas para el medio ambiente y las comunidades locales, por lo cual no siempre son vistas como opciones positivas de desarrollo sino, por el contrario, como fuente de frustraciones, corrupción, violencia, conflictos e inseguridad.  “La explotación de hidrocarburos en el Putumayo, lejos de ser una fuente de progreso y desarrollo de las comunidades indígenas, se ha constituido en factor de crisis sociocultural. Las grandes y descontroladas oleadas migratorias provocadas por el “boom” petrolero han desplazado a los grupos étnicos hasta llevarlos a mínimos espacios territoriales que ponen en riesgo su supervivencia como tales.  Son muchos y muy álgidos los conflictos que se han presentado entre comunidades indígenas con las multinacionales y con el Estado colombiano por sus consecuencias negativas sobre el territorio (invasión masiva de colonos), los recursos naturales (deforestación, contaminación) y la integridad étnica de las comunidades (desorganización, desintegración familiar, conflictos de valores). Por ejemplo, el caso de los indígenas awá con la Occidental Petroleum o el de los embera contra la represa de Urrá.  Otro de los impactos negativos es, precisamente, el relacionado con el problema del conflicto armado y sus consecuencias sobre el desplazamiento indígena.  Para la insurgencia, las grandes inversiones económicas mencionadas se constituyen en objetivos militares estratégicos de su lucha contra el capitalismo y en fuentes de financiación, mediante las denominadas “vacunas” o exigencias de dinero a las empresas para dejarlas adelantar sus labores.  Por su parte las empresas, para proteger sus inversiones económicas, consiguen el apoyo del ejército y contratan grupos privados de seguridad, legales e incluso ilegales y hasta les pagan a las guerrillas mismas. De esta manera, el problema de la seguridad se torna en un negocio que crece, en un círculo vicioso, con la intensidad del conflicto.  Como varios de los proyectos aludidos se han ubicado en territorios indígenas o en sus alrededores, algunos de estos territorios han sido utilizados por los grupos insurgentes para presionar desde allí a las empresas, atrayendo, por consiguiente, la represión contra las comunidades. Los paramilitares, por su parte, se encargan de garantizar círculos de seguridad, eliminando violentamente los obstáculos que puedan afectar el desarrollo de las actividades empresariales.  Los conflictos de los indígenas con las empresas tienden a ser aprovechados por los grupos insurgentes y contrainsurgentes en sus propósitos de avance territorial. El hecho de haber terminado siendo víctimas de todos los actores armados ha llevado a los indígenas a tratar de guardar distancias, apoyándose, más bien, en la denuncia y en la solidaridad internacional de ONGs, entidades, gobiernos y grupos activistas de derechos humanos.  Algunos dirigentes indígenas han sido asesinados y desaparecidos por liderar la resistencia de las comunidades contra este tipo de proyectos y contra la presencia de los grupos armados en sus territorios.  Los Cultivos Ilícitos  La expansión de los cultivos ilícitos por los territorios indígenas y del conflicto armado que conllevan tiene que ver con los siguientes factores:  La tradición indígena del uso de la coca, cuyos conocimientos, que les permiten mimetizar los cultivos, los laboratorios de procesamiento y demás requerimientos de la economía ilegal.  Con los cultivos ilícitos llegaron a las comunidades nuevos problemas como la invasión territorial por parte de colonos y cultivadores de coca y amapola, la deforestación, la degradación de los recursos naturales, la desorganización de las comunidades, el descontrol de la juventud, la desintegración familiar, la pérdida de identidad cultural, la violencia de los narcotraficantes, la delincuencia común, los grupos armados y muchos otros problemas que terminaron agravando la situación de las comunidades.  En varias oportunidades los indígenas de diferentes regiones se propusieron por sí mismos erradicar y prohibir los cultivos ilícitos o llegaron a acuerdos con el gobierno nacional para la erradicación manual de los cultivos y su sustitución por otros cultivos o actividades económicas con apoyo estatal (programa Plante).  Las tecnologías y variedades genéticas de la especie han sido aprovechados por los narcotraficantes, como también éstos han utilizado los avances científicos y tecnológicos occidentales.  La situación objetiva de pobreza, la carencia de tierras, la crisis del sector agropecuario, la falta de apoyo estatal en muchas comunidades indígenas. Al igual que en muchas comunidades campesinas y de colonización, éstas han sido las principales razones para que la gente se arriesgue a los cultivos ilícitos en procura de unos ingresos económicos que nunca han podido lograr en la economía legal.  Para los narcos, igual que para los grupos armados, los territorios indígenas presentan condiciones propicias, por ser zonas alejadas, de difícil acceso, con nula o poca presencia estatal y con abundancia de bosques Primero fue el cultivo de la marihuana o bonanza marimbera que afectó algunos terri torios indígenas en la década de los años setenta, luego el auge de la coca desde finales de los años ochenta, en la mayoría de los territorios de clima cálido, y finalmente la amapola, en la década de los noventa, en las zonas de páramo y clima frío.  Los narcotraficantes fomentaron el cultivo masivo de la amapola que se extendió por las zonas más altas de las cordilleras, que eran precisamente las tierras en las que habían logrado sobrevivir las comunidades indígenas de la región andina.  Detrás de los cultivos ilícitos llegaron los grupos insurgentes y luego los paramilitares en la búsqueda de financiación mediante las exigencias de dinero a todas las actividades de la cadena productiva. Posteriormente fueron los grupos armados mismos (guerrilleros y paramilitares) los que se encargaron de fomentar los cultivos, llegando incluso a obligar a las comunidades a hacerlo, persiguiendo y asesinando a los líderes que se opusieron a que sus comunidades siguieran involucrándose en estas actividades cuyas consecuencias negativas les resultaban cada vez más evidentes.  La disputa entre todos los actores armados por los recursos financieros derivados de los cultivos ilícitos y actividades asociadas y, por otra parte, las fumigaciones, las actividades de la policía antinarcóticos, del ejército y demás acciones del gobierno y del Plan Colombia contra los cultivos de uso ilícito, arreciaron el conflicto social, ambiental y armado, con sus consecuencias sobre el desplazamiento de la población indígena.  Expansión Narco Latifundista  Desde hace dos décadas se viene produciendo en algunas regiones de Colombia una contrarreforma agraria por parte de narco latifundistas que vienen acumulando propiedad territorial en zonas de alto potencial de valorización, como es el caso de las tierras cercanas a los sitios donde se están realizando megaproyectos de infraestructura y gran des inversiones de capital empresarial, las zonas de gran riqueza en cuanto a los recursos del subsuelo y de la biodiversidad o, como ha sido el caso de Urabá, donde se proyectan grandes obras como el canal interoceánico y la vía panamericana, o por ser una zona estratégica para el narcotráfico y el contrabando y apta para la ganadería, el banano, la palma y otros cultivos industriales.  La expansión narco latifundista se ha venido apoyando en la violencia paramilitar, expulsando colonos y campesinos, población negra y población indígena. Los resguardos indígenas y territorios colectivos de las comunidades negras –consagrados por la Constitución nacional como territorios imprescriptibles, inembargables e inalienables– constituye un obstáculo para la legalización de los latifundios, pero no han impedido la presencia del conflicto armado.  “Desde hace más o menos diez años se ha agudizado la pelea entre paramilitares y guerrilleros, que ha dejado a muchos campesinos e indígenas muertos, caseríos abandonados, el pueblo de Saiza destruido y quemado y finalmente más de cinco mil campesinos y cientos de indígenas desplazados en el último año”.  Con el auge relativamente reciente de los paramilitares y su rápida expansión por todo el territorio nacional –desafiando y sacando a la insurgencia de muchas zonas donde ésta ejerció por muchos años una posición hegemónica–, el conflicto entró en una nueva fase, más intensa y degradada, de retaliación y terror contra la población civil, de disputa territorial y confrontación armada de guerrillas contra paramilitares y fuerzas del Estado, de lucha a muerte por el control de los recursos naturales, la población, la política y las economías regionales.  Podríamos hablar de la fase anterior como de fase de hostigamiento, y de la presente como fase de confrontación y disputa territorial. Esta nueva fase es el resultado de un relativo equilibrio en la correlación de fuerzas, lo cual lleva a pasar de estrategias de defensa a estrategias de ataque, saliendo a buscar al enemigo, aunque sin dejar de esquivar tácticamente la confrontación directa ni de hacer víctima a la población civil.  De esta manera, los escenarios cambian con frecuencia de dominio militar: unas veces la guerrilla, otra los paramilitares o el ejército. La situación se calma relativamente mientras la hegemonía de un solo grupo. Luego vienen las represalias de los unos o de los otros contra las comunidades. La creciente mancha roja que se extendía desde las fronteras de colonización hacia las ciudades pasa a convertirse en un mosaico de colores en pugna en todo el territorio nacional.  Los exabruptos de la guerrilla han abonado el terreno para la expansión paramilitar y la tolerancia de la opinión pública hacia la guerra contrainsurgente.  Los paramilitares, en su versión actual, cuen tan con apoyo político de un sector de la clase dirigente y con fuentes muy grandes de financiación derivadas del narcotráfico, de las contribuciones de ganaderos y de empresas agroindustriales y mineras, además del boleto, del cobro de tributos y de extorsión a la población civil. Pero su expansión no podría explicarse solamente por el factor económico sino, además, por el apoyo que han recibido de parte de algunos sectores de las fuerzas armadas, de la clase política y empresarial.  En algunos lugares la entrada del ejército a territorios indígenas ha sido inmediatamente previa e incluso simultánea a la entrada de los paramilitares. En muchas oportunidades los militares no han hecho nada por impedir masacres anunciadas por los paramilitares, como sucedió en el caso de la masacre del Naya que fue anunciada con meses de anticipación.  En la Sierra Nevada, doce mil campesinos e indígenas se desplazaron y se tomaron la carretera principal durante la cuarta semana de enero del 2002, presionando para que el ejército frenara la guerra entre dos fac ciones de los paramilitares y que se parara las represalias por el secuestro y asesinato de la doctora Consuelo Araujo en inmediacio nes del territorio de los indígenas kankuamos.  “A pesar de los requerimientos e informaciones de la comunidad sobre el inminente riesgo de acciones armadas, la fuerza pública no toma las medidas pertinentes y por lo general aparecen después de ocurridos los hechos.” Estos hechos han sido denunciados por todos los organismos de derechos humanos y por ello Estados Unidos ha llegado a condicionar el apoyo del Plan Colombia al respeto por los derechos humanos y a romper los lazos de miembros de la fuerza pública con los paramilitares. Varios militares han sido acusados y procesados por estas razones.  En cuanto a la geografía de la guerra, los paramilitares –al contrario de la insurgencia que tiende a ubicarse en las partes más altas y remotas de las cordilleras, en las cabeceras de los ríos de las llanuras selváticas y en las zonas de colonización– procuran establecerse en cercanías a las cabeceras municipales, a los principales centros urbanos y capitales de departamentos, próximos a bases militares o de policía, en las tierras bajas y en cruces de vías y sitios estratégicos desde donde puedan ejercer el control de personas, alimentos, medicinas, comunicaciones y cualquier clase de apoyo para la insurgencia.  Para unos y otros, el litoral Pacífico se ha convertido en una región estratégica para el tráfico de armas y, por tanto, en zonas de disputa territorial entre ambos bandos, afectando mayormente a comunidades indígenas y negras que son las que predominan en esta región. Tumaco, Guapi, Buenaventura, Bahía Solano y Juradó, que son los principales centros urbanos de la costa del Pacífico, se han visto afectados por desplazamientos de comunidades indígenas y negras debido a masacres y combates en sus alrededores.  También la guerrilla ha hecho retenes móviles esporádicos en las vías en todo el país, por ejemplo en la vía Cali Popayán en el Cauca; o en la vía entre La Paz-Codazzi- Becerril-Curumaní, en el Cesar, desde donde controlan la entrada a la Serranía del Perijá, lo cual afecta a los indígenas yukpas.  Una de las primeras bases paramilitares y centro de operaciones de su dirección general ha sido el Nudo del Paramillo, zona selvática y limítrofe entre los departamentos de Córdoba y Antioquia la cual, por sus condiciones geográficas, facilita el refugio y la defensa, sirviéndose de retaguardia para ejercer el control de zonas estratégicas y orientar desde allí las avanzadas de limpieza territorial para la expansión del narco latifundismo desde Urabá y a lograr el control hegemónico de esa esquina binacional con Panamá.  Esta es una zona que, además de su riqueza en biodiversidad, es estratégica para el tráfico de armas, drogas y contrabando, tanto por el océano Atlántico como por el Pacífico. Por ello, Urabá ha sido una de las zonas de mayor intensidad del conflicto armado en el país, afectando y produciendo desplazamiento de indígenas de los departamentos de Córdoba y Antioquia y de población negra del Chocó.  La estrategia paramilitar consiste en activar un régimen de terror mediante masacres, torturas y crímenes atroces para castigar a las poblaciones o personas que consideran colaboradoras de los grupos guerrilleros o que permiten su presencia. Las retaliaciones han sido más graves cuando se trata de secuestros o muertes de personas de mucha importancia política o económica.  El terror también se ejerce para desalojar al campesinado de las tierras ubicadas en áreas de expansión del latifundio ganadero, empresas agroindustriales, cercanas a los megaproyectos o, en general, de terrenos susceptibles de alta valorización. Y para desmovilizar organizaciones populares, comunitarias y, especialmente, de derechos humanos por sus actividades nacionales e internacionales de denuncia.  Además de la contrainsurgencia, protección de empresas y apoyo a la expansión narco latifundista, los paramilitares desempeñan otras funciones, como la protección de laboratorios de procesamiento de coca, ajustes de cuentas de los narcotraficantes, protección a dirigentes del clientelismo político y control territorial.  En contra de los paramilitares, una de las conclusiones del Congreso de los Pueblos Indígenas es la siguiente: “Los grupos para militares deben parar los asesinatos, masacres, secuestros, señalamientos, amenazas y desplazamientos de comunidades, que están motivados por los intereses económicos de megaproyectos y terratenientes. Deben salir de nuestros territorios. De manera urgente se reclama la devolución vivos de los dirigentes y líderes secuestrados”.  El ejército y los paramilitares perciben a los indígenas como colaboradores de la guerrilla, ya sea porque ésta se ubica en los terri torios indígenas o en sus entornos o por haber jóvenes indígenas en las filas guerrilleras (como también los hay en las de los paramilitares y en las filas del ejército). Con la población negra pasa lo contrario, en el sentido de que es percibida por los guerrilleros como colaboradora de los paramilitares por su ubicación en las zonas bajas y cercanas a los centros urbanos, que son territorios de influencia paramilitar.  Guerrilleros, paramilitares y delincuencia común alrededor de los cultivos ilícitos y de los megaproyectos han generado violencia, desorden social, pérdida de valores, migra ción desenfrenada, prostitución, inflación económica, despilfarro, daños ambientales, corrupción político administrativa y todo tipo de confusión que se suma a los problemas estructurales de pobreza y atraso en el de sarrollo socioeconómico.  Todos los actores armados han tendido a involucrar en su guerra a la población civil, quedando ésta en medio del conflicto y resultando víctima de todos los fuegos. El caso de Urabá ha sido uno de los más graves: “En medio del conflicto desbordado que significó entre 1994 y 2000 más de 60 líderes asesinados y más de 60 violaciones graves del derecho internacional humanitario en comunidades indígenas por parte de todos los actores (Ejército nacional, paramilitares, FARC y ELN) también fueron forzadas a desplazarse cerca de 13 comunidades y 2.820 indígenas, especialmente de Urabá. Una comunidad de Tierralta, Córdoba, y otra de Riosucio, Chocó, fueron forzadas a desplazarse a Resguardos de Polines y Murindó respectivamente”.  Se han dado casos de familias y comunidades campesinas, indígenas y negras con hijos y parientes enrolados en todos los grupos armados y, en consecuencia, con víctimas producidas entre todos ellos.  La degradación del conflicto se expresa en múltiples acciones cometidas por todos los actores armados, como las siguientes: ata ques a los pueblos, especialmente de regiones apartadas, pueblos pobres, con la consabida destrucción indiscriminada de iglesias, viviendas y establecimientos públi cos; bombardeos a la población civil; destrucción de la infraestructura energética, vial y petrolera; masacres, muertes atroces, asesinatos de dirigentes; secuestros, des apariciones, extorsiones; reclutamiento for zado de menores; violación de mujeres; controles a la libre movilización y al transporte de personas, alimentos y medicinas; y en general, violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.  El reclutamiento de indígenas por parte de cualquiera de los grupos armados es uno de los factores que colocan a las comunidades en mayor situación de riesgo. La degradación del conflicto se exacerbó definitivamente por la arremetida de los paramilitares, basada más en estrategias de terror contra la población civil, que en la confrontación directa con la insurgencia. En respuesta, también los guerrilleros han tomado medidas similares.  Los indígenas, en particular, además de lo anterior, han sido violentados en sus derechos colectivos relacionados con su autonomía territorial ya que sin su consentimiento los grupos armados de uno u otro bando, como también el ejército, han utilizado sus territorios. Las autoridades indígenas tradicionales han sido desconocidas por todos ellos y los dirigentes de las organizaciones indígenas han sido víctimas de todos los actores armados. Es tal la confusión y la degradación del conflicto que en varias masacres de indígenas no se ha logrado saber si los autores fueron paramilitares, ejército, guerrilla, narcos o delincuencia común.  Los guerrilleros se disfrazan de paramilitares y éstos de guerrilleros para que sus asesinatos se los achacan al bando contrario. Tal fue el caso, por ejemplo, de los guerrilleros de las FARC, disfrazados de paramilitares, que asesinaron al líder paceño Cristóbal Seque, del Norte del Cauca, en junio del 2001. Parecería que, habiéndo llegado a este nivel de degradación de la lucha armada, todas las tácticas y estrategias resultaron válidas. También algunos indígenas hicieron parte de esta degradación, como los que por contradicciones personales o familiares acusaron falsamente a otros para que uno u otro de los grupos armados los ajusticiaran. De hecho, varios dirigentes indígenas han sido ejecutados por esta causa.  Para los indígenas, las diferencias entre las guerrillas y los paramilitares se han ido desdibujando: ambos tienen en los cultivos ilícitos una de sus principales fuentes de financiación y los fomentan en las zonas indígenas; ambos desconocen la autonomía de las autoridades indígenas e imponen contribuciones a las comunidades; no entienden la identidad cultural ni asumen las reivindicaciones propias de los indígenas; violan sus territorios, colocando a las comunidades en situaciones de alta vulnerabilidad; reclutan la juventud; desaparecen y asesinan sus dirigentes; hacen alianzas criminales con la delincuencia común; y convierten sus territorios en escenarios de guerra, de disputa territorial y de control sobre la población, el transporte, la movilización, los alimentos, las medicinas y la comunicación, con gravísimas consecuencias en términos de violaciones de derechos humanos y de riesgos para la integridad étnica de las comunidades. Mientras los grupos guerrilleros tienden a subordinar a las organizaciones populares, los paramilitares tienden a destruirlos.  El racismo tiene en estos grupos armados su expresión más violenta.  Los grupos guerrilleros llegaron a las zonas indígenas con un discurso de justicia social y de liberación nacional que lógicamente atraía a los indígenas como organización popular interesada en contribuir al cambio radical de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales de nuestra nación, con miras a garantizar las posibilidades de seguir existiendo y desarrollándose como pueblos históricos en una sociedad pluriétnica y multicultural.  No obstante –con excepción del Movimiento Armado Quintín Lame, integrado por indígenas– los diferentes grupos insurgentes no incorporaron en sus programas político-militares las reivindicaciones específicamente indígenas ya que en el enfoque revolucionario or todoxo, que tiende a predominar en estos grupos, lo étnico está supeditado a los intereses de clase: “el pueblo contra las oligarquías”.  Con el tiempo, el discurso político de la insurgencia se ha venido debilitando en la medida en que se fortalece su enfoque militarista y sus intereses financieros cada vez más cercanos a los cultivos ilícitos, lo cual los ha distanciado cada vez más de la aceptación de los indígenas. Los grupos guerrilleros empezaron a operar militarmente en las zonas indígenas, al igual que en las zonas campesinas, con acciones de limpieza social, eliminando delincuentes comunes para ganarse la confianza de la población.  Luego fueron imponiendo su autoridad sobre la de los cabildos y autoridades tradicionales de los indígenas, con lo cual empezaron las contradicciones con las comunidades, agravadas cada vez más por las exigencias económicas, el reclutamiento de jóvenes, el juzgamiento y ejecución de indígenas, las arbitrariedades en la vida cotidiana de las comunidades, y los riesgos que atraen sobre ellas.  Las FARC, en particular, tratan de convertirse en Estado alternativo en las zonas donde ejercen mayor influencia, Estado que choca con la autonomía, gobierno y control territorial por parte de las autoridades indígenas.  Para los indígenas, la autonomía territorial, el fortalecimiento de sus autoridades tradicionales y de sus organizaciones locales, regionales y nacionales han sido parte fundamental de sus luchas y conquistas de los últimos treinta años. Y es que como pueblos indígenas, como realidades históricas preexistentes a la llegada de los europeos, el territorio, la autonomía y la identidad cultural constituyen sus banderas más importantes.  La Constitución nacional de 1991 les reconoció y amplió el derecho a la autonomía, con otras reivindicaciones como el derecho a ejercer sus propias formas de justicia y a ser consultados antes de que se ejecute alguna acción o se tome alguna medida legislativa o administrativa que pueda afectar su integridad étnica: territorios, recursos naturales, cohesión social, identidad cultural.  Por lo anterior, resulta claro que la lógica militar y el ejercicio de poder de los grupos armados (insurgentes y contrainsurgentes) entra en conflicto, de plano, con la lógica y la fuerza de la autonomía indígena. Donde no hay una territorialidad indígena y una cohesión social plenamente consolidada como parcialidades de resguardo con sus autoridades propias y sentido de pertenencia es donde más agudo ha sido el conflicto y más han sufrido los indígenas.  Por ejemplo, en el medio Putumayo, donde las reservas indígenas no han sido convertidas en resguardos y proliferan resguardos pequeñísimos y dispersos; en el territorio de los kankuamo, que son los menos consolidados de la Sierra Nevada; en el Naya (Cauca), donde existe cabildo pero el Incora no ha legalizado el resguardo.  Las contradicciones y el resentimiento de los indígenas se acentúan a medida que se acrecienta la degradación del conflicto armado, especialmente cuando caen asesinados los líderes políticos y autoridades tradicionales que inspiran el sentimiento de la autonomía y la resistencia comunitaria contras la guerra. Esta ha sido la principal causa de los desplazamientos de población indí gena.  Los paramilitares, por su parte, han llegado a los territorios indígenas en una forma mucho más intimidatoria, masacrando a la gente y asesinando dirigentes, pues en general perciben a los indígenas como aliados de la subversión y como obstáculo para el desarrollo regional. No obstante, al ver que las contradicciones de los indígenas con los grupos insurgentes se acrecientan, los paramilitares empiezan a decir que respetan la autonomía de los indígenas.  Esto, a su vez, es aprovechado por la guerrilla para clasificar a los indígenas de simpatizantes de los paramilitares. Los medios de comunicación también han hecho un manejo perverso de la información presentando de manera parcializada la resistencia indígena como dirigida solamente en contra de la guerrilla, con lo cual contribuyen a elevar el riesgo para los indígenas en medio del conflicto armado.  Los indígenas –tanto en las comunidades locales como de las organizaciones regionales y nacionales– han intentado muchas veces dialogar con los grupos armados para solucionar sus contradicciones, habiendo llegado a acuerdos en algunos casos. Desde finales de la década de 1970 el CRIC hizo lo posible para dialogar con el Secretariado de las FARC para tratar de parar el asesinato de líderes indígenas por parte de esa organiza ción.  En octubre de 1986 el Comité Coordinador Indígena de Antioquia (futura OÍA), con otras organizaciones indígenas, buscaron nuevamente el diálogo y en 1987 se firmó en Casa Verde un Acuerdo Básico que incluyó: Respeto por las autoridades indígenas. No reclutamiento de indígenas. No pago de cuotas. No matar indígenas que hayan cometido faltas. No ejercer intimidación para apoyos políticos. Hacer acuerdos de cumplimiento con los diferentes frentes.  Si bien algunas comunidades (como los Kogui de la Sierra Nevada) se niegan rotundamente a cualquier diálogo con los grupos armados, muchas han dialogado con uno u otro grupo, logrando algún resultado temporal. Pero, a la larga, como lo demuestran los hechos, los acuerdos casi siempre han terminado siendo desconocidos “por órdenes superiores” (autoritarismo y verticalidad militar).  Toda esta situación ha llevado a la desconfianza y a la de cisión por parte de los indígenas de optar –no sólo como comunidades sino como movimiento social, que hace partícipe a todas las organizaciones de los pueblos indígenas– por una estrategia de resistencia frente a todos los actores armados: guerrilla, paramilitares y cuerpos de seguridad del Estado.  No obstante, la resistencia contra la guerra y sus actores no significa dejar de insistir en la vía del diálogo como estrategia fundamental para la paz. El Congreso de los Pueblos Indígenas reiteró la necesidad de construir una propuesta alternativa de paz a partir de una discusión “abierta, de cara al país, donde tengamos el derecho de decirle a los grupos armados y al Estado lo que pensamos y queremos en relación con la paz, el orde namiento territorial, la reforma agraria, los planes de desarrollo y el derecho de decidir sobre el tipo de sociedad que queremos”.  En ese mismo congreso expresaron su desacuerdo con la forma como se estaban realizando las negociaciones de paz del gobierno con las FARC en la zona de distensión: “Los pueblos indígenas no nos sentimos recogidos ni representados por el Estado ni por las FARC ni, en general, por los actores armados del conflicto”.  Para contribuir a la construcción de una alternativa de paz, se aprobó en el congreso la conformación de una Mesa Indígena de Paz con delegados de organizaciones y pueblos indígenas, que se encargue de la interlocución con los actores armados, con el Estado, con las organizaciones sociales y organismos pertinentes nacionales e internacionales, que haga veeduría a las acciones del Estado, acompañamiento a las comunidades y autoridades indígenas, que impulse procesos de investigación y de reflexión en el interior de las comunidades sobre el conflicto, sus impactos en las comunidades y las formas como éstas lo están afrontando.  Resistencia Indígena  “No tengo miedo, Hace tiempo que los grupos violentos están en esta región (...) Somos una pequeña comunidad humana, unida, que viene de una autoridad ancestral, con cultura, identidad y lengua propia (...) dijimos que seguíamos con nuestra visión y propuesta de paz”.  Lejos de resolver los problemas del país, lograr la justicia social y la transformación democrática, la lucha armada los ha estado agravando cada vez más. Esta realidad y la creciente degradación del conflicto, ha traído como consecuencia un descontento cada vez más grande de la población (...) En el caso de muchas organizaciones populares y del movimiento indígena, en particular, su propuesta es la resistencia civil contra todos los actores de la guerra: insurgencia, paramilitares, ejército y policía.  Pioneros de esta posición de resistencia civil (...) han sido comunidades campesinas, indígenas y pobladores (...). El periódico El Espectador destacó el ejemplo de resistencia dado por los indígenas del Cauca.  Desde cuando empezaron las retaliaciones de los paramilitares, los indígenas comenzaron a ensayar estrategias de resistencia, como la denominada “neutralidad activa” (1994) por parte de la Organización Indígena de Antioquia, O.I.A., ejerciendo la autonomía en sus territorios y comunidades para protegerse de todos los actores armados. Los principios básicos que animaron la propuesta fueron los siguientes.  En mayo de 1999, se creó el denominado Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación en el sitio La María, municipio de Piendamó, departamento del Cauca, como espacio alternativo de participación de la sociedad civil frente a los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno en el Caguán. (...). Actualmente (Cota, noviembre del 2001) todas las organizaciones indígenas han comenzado a promover la resistencia civil desarmada (...).  El 65,5 % de los pueblos indígenas localizados en la amazonía colombiana tienen una población menor a mil personas. El grave impacto de la violencia sobre estos pueblos entraña un serio riesgo de extinción.  El reducido tamaño demográfico exige acciones urgentes de protección y defensa de estas comunidades. ALDHU considera prioritario y urgente exponer la situación de los pueblos indígenas amazónicos que pueden estar afrontando la agonía de algunas culturas, sin que la sociedad nacional y occiden tal conozcan su realidad».  El Foro 66 indica que las violaciones a los derechos humanos de los indígenas tienen un enorme significado para las culturas amazónicas: la desaparición, la separación o la inhabilitación de una persona perteneciente a un pueblo indígena trastorna una o muchas piezas de la estructura social.  El homicidio, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, o las lesiones a la integridad personal, infligidos especialmente sobre autoridades tradicionales representa la pérdida del conocimiento y control sobre ecosistemas y recursos naturales, supresión de conocimientos y protocolos médicos, desaparición de formas de control del territorio y, en general, pérdida de formas particulares de ordenamiento social y cultural.  Esta situación se ve agravada por el desplazamiento forzado del que son víctimas los pueblos amazónicos colombianos. Hasta septiembre de 2003, 1.311 indígenas de Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés, el equivalente al 2,7% de la población indígena de los cuatro departamentos, se vieron forzados a dejar sus territorios por causas relacionadas con la violencia política.  A pesar de que el tamaño de la muestra no es estadísticamente significativo, de los 20 niños de la UC-ELN entrevistados, fueron reclutados por la fuerza, sugiere la posibilidad de que la UC-ELN recurra a esta práctica con mayor frecuencia que las FARC-EP. Jenny, una niña pequeña de rasgos indígenas, sólo tenía trece años cuando la milicia de la UC ELN se la llevó por la fuerza en Boyacá.  “El ELN me obligó a entrar. Eso pasó hace tres meses, más o menos, al principio de marzo [2002]. Ellos venían con frecuencia a las casas de la gente, donde yo vivía en Boyacá, nos decían que debíamos unirnos a las FARC o al ELN. Los dos grupos trabajan juntos. Ellos me decían que yo tenía talento. Las FARC exigían muchachos mayores de quince pero también recibían muchos más jóvenes que eso. Los del ELN exigían que uno tuviera al menos once. Los adultos no tenían que hacerlo, pero también los invitaban a que se unieran. Ocho días después de que vinieron a mi casa, me obligaron a ir con ellos al campamento. Fueron doce horas de camino. Había como quinientas personas ahí, la mayoría niños. De pronto unos cincuenta habían sido reclutados a la fuerza. Ahí sólo había como unos dos cientos de adultos.  En el departamento de Casanare, Johny, el más pequeño de ocho hermanos, estaba en su antigua escuela (dejó de estudiar después de quinto grado) cuando un grupo de miembros de la UC ELN se le acercaron y lo amenazaron con matarlo si no se iba con ellos. «Me forzaron a unirse», Johny dijo con firmeza. «Me dijeron que era por tres meses, luego me soltaron y me dejarían en la casa. No creo que me buscaban a mí, fue por casualidad.» Johny fue rescatado por el Ejército antes de que transcurrieran tres meses.  Juan José es un sicuani del departamento de Vichada, que hace frontera con Venezuela y alberga al mayor número de comunidades indígenas. En noviembre de 2001, un escuadrón de las FARC-EP que pasaba por su aldea le reclutó por la fuerza junto con otros miembros de la comunidad, entre ellos mujeres y niños. Obligaron al grupo a marchar durante tres días hasta llegar al campamento guerrillero.  Tras quince días de entrenamiento, trasladaron a los nuevos reclutas en un viaje de tres semanas por el río Vichada a La Macarena, Meta, en el corazón de la Zona: “Como ellos siempre llegaban allí, me aconsejaban, me decían muchas cosas: que uno no sufre en la guerrilla, que a uno no le falta nada, ni mata a nadie. Pero era mentira, ya que cuando uno está metido, a uno le mandan a hacer muchas cosas.  Me dijeron que si yo no ingresaba, me matarían. Pasó lo mismo con varios indígenas como yo. Era un combo de cinco personas, fueron ellos los que me llevaron. Había otros indígenas en la guerrilla, adultos y niños”.  Minas Antipersonal  Colombia es el único país de América en el que se siguen plantando minas. La mayoría de los dispositivos antipersonal utilizados por los grupos armados irregulares de Colombia están fabricados con materiales baratos y fáciles de conseguir, como tubos de PVC, botellas de soda, baterías y cables.  Los niños reclutas de la guerrilla y las fuerzas paramilitares reciben entrenamiento sobre el ensamblaje y la colocación de estos dispositivos legales, que incluyen las trampas cazabobos o las minas enterradas bajo tierra y activadas por presión, conocidas como quiebrapatas. El Departamento Nacional de Planeación calculaba en el 2002 que había al menos 100.000 minas quiebrapatas en Colombia.  Todas las partes en el conflicto colombiano utilizan las minas y se cree que su empleo está aumentando. Según el Ministerio de la Defensa Nacional, entre enero y octubre de 2002, 141 miembros de las fuerzas de seguridad murieron a causa de las minas, cinco veces más de la cifra de 2001.  UNICEF registró un aumento similar de las víctimas civiles: la cifra aumentó un ciento por ciento, con 170 muertes en 2002. Las víctimas adultas de las minas antipersonal suelen sufrir mutilaciones y pérdida de extremidades. En el caso de los niños, dada su corta estatura, se produce con más frecuencia la muerte o heridas catastróficas. Actualmente, 422 municipalidades de 30 departamentos colombianos están afectadas por las minas. C A P Í T U L O 3: Niñez, Adolescencia, Juventud En Los Pueblos Indígenas Niños Defectuosos Activo Necesario, Indispensable E Irremplazable O Huérfanos Nukak Makú  Los miembros de las bandas nukak makú buscan evaluar al semejante, al igual. Cómo lo hacemos en nuestra sociedad, evalúan las reales condiciones en que nace un niño, desde dos aspectos fundamentales: condiciones físicas y condiciones sociales: ¿oye?, ¿ve?, ¿está su cuerpo completo? Pero además, ¿existen las condiciones materiales y afectivas para que pueda obtener los cuidados de los mayores, a quienes corresponde su protección porque son huérfanos?. Con base en los resultados del proceso de evaluación, que siempre está presente, este niño será clasificado como ser humano igual, que debe ser cuidado para hacerse adulto nukak makú, o será pensado como sujeto para el traslado a otra sociedad. Esta última medida se enmarca en el concepto de fatalidad, cuando no existe otra posibilidad de actuar y, claro, en la de protección a la vida. Dejar a estos niños con la imposibilidad objetiva de ser nómadas es una medida de protección.  La lectura en profundidad de los expedientes y datos acopiados genera una hipótesis diferenciada de las causas anteriormente descritas: a) si tienen un defecto físico que les impide ser caminantes nómadas, estos niños no son idénticos a los nukak makú; b) la circuns tancia de la orfandad es pensada como conjunto vacío que impide el ámbito social y afecte uno o de ambos padres para que generen la seguridad alimentaria y los cuidados necesarios para los primeros meses y años de vida.  Estas dos situaciones, en el marco de un medio de vida culturalmente determinado, definen clasificatoriamente a estos seres como distintos, es decir, no plenamente completos, no caminantes, esencia de su mundo. Aquellos a los cuales no se los puede sustentar, porque no están los parientes que deben hacerlo o no pueden hacerlo por sí mismos no podrán asumirlo, se abandonan en una decisión de vida o muerte que es fatal, en los términos expuestos anteriormente.  Esta argumentación, que da por sentado cómo son los nukak makú, destituye la extensión de ideas o argumentaciones desde posiciones etnocéntricas, por medio de las cuales se traslada el marco ideal de lo que debe ser nuestro ideal de cuidado a los niños, así sea contrario en la realidad, y que, por idealización del otro, o por extensión de visiones racistas, atribuye explicaciones falsas.  El Código del Menor define “menor” con base en la edad cronológica. Los diferentes pueblos indígenas no necesariamente definen estos ciclos por días calendario. Las niñas wayúu o tikuna que han menstruado son mujeres casaderas. Un paez de quince años que roba gallinas a varios comunitarios, o sea el activo corriente de la comunidad para emergencias, es tratado como adulto desviado. Sus derechos y sus deberes cambian.  Conocer estas manifestaciones de los derechos propios de los pueblos es fundamental, particularmente cuando un caso sale a la jurisdicción ordinaria por alguna circunstancia. Se tensiona cultural y normativamente el interés superior del niño y el derecho indeterminado de la cultura.  Registro Civil De Nacimiento  El registro civil de nacimiento le brinda al niño la posibilidad de participar como miembro de una nación. Si como indígena nace en una sociedad matrilineal que le sucede el nombre del clan materno a los hijos, estos registros tendrán una diferencia con otras formas de suceder el parentesco mediante la continuación de un distintivo de familia (clan).  En Colombia, los niños y niñas indígenas pertenecientes a sistemas de parentesco unilineales tienen derecho a ser registrados de acuerdo a su cultura. Este registro realmente es necesario como indígenas nacionales que participan como colombianos de realidades en ese ámbito. Es valioso, sin embargo, examinar situaciones desde las culturas y explorar cómo ellos clasifican a los niños y cómo les dan su identidad y “registro”.  El registro de nacimiento no siempre parece necesario para los padres. Sin embargo, dadas las funciones jurisdiccionales que tienen las autoridades de los pueblos indígenas, ellos están registrando nacimientos y muertes.  Esta posibilidad debería institucionalizarse mediante un convenio interinstitucional con las unidades de los diferentes sistemas de gobierno indígena, con lo cual se sorteará esta situación de forma oportuna, como también se solucionaría el problema que se presenta en algunas notarías, ya que los servidores públicos sugieren o les ponen nombres a los niños a su antojo, porque consideran inadecuados los propuestos por los padres indígenas. Además, como no conocen sobre la existencia de sistemas de parentesco diferentes, imponen su visión y propio sistema de registro.  Identidad Y Reconocimiento Social  Algunas mujeres tikuna tuvieron hijos con hombres que Trabajaron en un campamento petrolero. Los hombres, por ser blancos, no podían sucederle el nombre de un clan a sus hijos y las mujeres no suceden el clan a los hijos porque el sistema de parentesco es patrilineal.  Dado que es absolutamente indispensable tener un clan para organizar la vida social, las autoridades tikuna decidieron crear un nombre de clan para registrar estos niños dentro del sistema de parentesco, entonces crearon el clan Vaca. Así, los hijos de una mujer indígena y un blanco serán clasificados y tratados como miembros del clan Vaca.  Mínimos Jurídicos  Muchas realidades culturales pueden chocar con otras culturas. Algunas prácticas culturales son prohibidas en Colombia. Los cuatro mínimos jurídicos: derecho a la vida, a la integridad del cuerpo, a no ser esclavizado y a un debido proceso, no son admisibles en Colombia por razones culturales. Ello ha implicado para los pueblos la obligatoriedad de cambiar algunos usos y costumbres tales como:  Los embera en Risaralda y los peces en el Cauca mutilan el clítoris. 🖉 Los u'wa clasificaban a los gemelos como distintos y como seres para vivir con una deidad en un plano diferente a la tierra donde habitan los u'wa no indígenas.  Las mujeres curripaco no aceptaban que sus niños gravemente enfermos fueran trasladados a Bogotá, porque casi siempre se morían y no les devuelven sus cadáveres.  Procesos Rituales  La salida de una etapa a otra de la vida implica rituales de paso.  Las niñas uwá menstruantes utilizan un sombrero de hojas tejidas y también hacen una dieta especial y ayunos. Por el color amarillento que toman estas niñas vale la pena examinar, por ejemplo, si este ritual las afecta biológicamente.  Las niñas tikuna a las que se les arrancaba el pelo de la cabeza, que deben perder y botar al río como manifestación de un cambio, hoy les es cortado con tijeras. La creencia y el ritual permanecen, pero hay una adaptación en el modo de hacerlo.  Guardar a la niña varios días en una casa sin luz y con ciertos ayunos es una práctica de los ingas del bajo Putumayo y de los arhuacos.  Niños Indígenas Trabajadores  El niño, la niña y el joven tienen que participar del mundo del trabajo, en el que son inducidos lentamente. Acompañar a pescar, cazar, sembrar, cosechar, vender, desgranar, hacer mandados, traer leña, son prácticas cotidianas. En algunos pueblos hoy el trabajo consiste en otras formas: comprar el gas o la gasolina, recoger coca para el mercado, lo que manifiesta cambios en las actividades que históricamente desempeñaban estos niños y jóvenes.  Estos trabajos tienen efectos negativos cuando contribuyen a generar dependencia a la sociedad mayoritaria que los envuelve, como jornaleros en sistemas de explotación, en sistemas como el de endeudamiento o la expropiación por falta de pago, además producen cambios de sus hábitos culturales.  La presencia de grupos religiosos también implica procesos de individuación de personas y familias y del relajamiento de formas de trabajo en minga, del cambio de mano y de la ayuda mutua.  Dado que los hombres salen de las comunidades para participar en grupos armados o como cosechadores de coca, para ganarse el sustento en lugares distantes, el cuidado de los hijos pequeños queda en manos de las mujeres y, particularmente en niñas, a quienes les toca asumir solas el sostenimiento de los niños y más pequeños y a veces de los más ancianos.  Las percepciones sobre trabajo infantil y ju venil así como sobre recreación o activida des culturales pueden tener una lectura muy diferente entre los pueblos indígenas y en tre los propios niños indígenas, sobre todo cuando se trata de actividades familiares que contribuyen a su autosostenimiento o edu cación.  Es significativa la presencia de jóvenes indígenas trabajadores fuera de sus pueblos. La familia indígena ha demostrado un alto aprecio y cuidado por los niños y jóvenes y ha buscado mantenerlos fuera de los trabajos pesados y lejanos. Hay varios testimonios de que ellos padecen un gran sufrimiento.  Los indígenas del Bajo Putumayo se han tenido que enganchar como guerrilleros y otros como paramilitares. Muchos desplazados se meten a trabajar como raspachines de coca. Hacen jornadas muy largas, viven en malas condiciones y son explotados.  Los jóvenes wayú cuidan rebaños durante largas jornadas y ello los excluye de participar en la escuela.  Algunos jóvenes wayúu son utilizados para robar contrabando o para pasarlo por fuera de los retenes y aduanas.  En algunas regiones, mujeres y hombres jóvenes trabajan en oficios domésticos para ayudarse a sí mismos, a sus familias y como medio para poder estudiar. Ello significa jornadas de trabajo exhaustivas. Muchas veces no reciben salario y solamente reciben ropa y comida. Pueden ser explotadas por los mismos indígenas en la ciudad, que han alcanzado mejores condiciones y que se han “blanqueado”. En este espacio se corre el riesgo de negar la identidad, de rechazar lo propio y de caer incluso en la prostitución.  Muchos menores realizan trabajos sin reconocimiento social ni jurídico, sin acceso a prestaciones de la seguridad social y sin condiciones de higiene y de seguridad mínimas.  Los niños indígenas participan de la vida familiar y de los contextos de trabajo y de fiesta de modo permanente. Sobre la base del ejemplo y de las demostraciones, los  Los niños aprenden cientos de realidades necesarias para su crecimiento, para llegar a ser adultos útiles y para reproducir la cultura. Así, reconocen a sus parientes, vecinos y comunitarios; también sus deberes y derechos; reciben el entrenamiento necesario que les permite rendimiento y eficacia en las tareas productivas. Según Catalina Laserna, la eficacia de la educación indí gena es altísima; muy superior a la educación formal, ya que solamente cuando el niño es capaz de hacer determinado procedimiento y saber por qué, el adulto le permite asumir esa responsabilidad.  Se llama proceso de sociabilización a la transmisión de la cultura y puede decirse que, en este proceso, los indígenas, en general, son muy efectivos. La condición de sociedades pequeñas y “cara a cara” permite este resultado como medio pedagógico. Enseñar a jugar y divertirse, solo o con otros, enseñar a trabajar y enseñar a pensar, son tres campos claramente determinados en los procesos de socialización indígena.  Este es un campo especializado que permite no sólo conocer qué se transmite, sino cómo se transmiten determinadas concepciones del mundo, prácticas y conocimientos intelectuales, que hacen parte de etnografías amplias, muchas de las cuales permanecen inconsultas en los anaqueles de las universidades.  Urge llevar a cabo proyectos de investigación en los cuales investigadores indígenas y no indígenas sistematizan y construyan el conocimiento necesario que lleve al diseño y activación de proyectos para la familia, los Niños, niñas y jóvenes indígenas.  Conocer cómo ellos transmiten el conocimiento sería valioso para muchos agentes que “educan” y “capacitan” con malos resultados. El ejemplo, la experimentación y el saber el porqué de todas las cosas ha de incorporarse.  Es en la vida familiar y comunitaria que se da la crianza y transformación del sujeto para participar de la condición de miembro de un pueblo. El trabajo de los niños y jóvenes logra ofrecer un valor diferente y cumple varias funciones. Los niños, niñas y jóvenes se convierten en mano de obra necesaria para satisfacer necesidades individuales, familiares y comunitarias, que hacen parte de un ciclo de preparación para la vida de adultos.  Combinar este aprendizaje en medio de una escuela bilingüe, que enseña estos mundos específicos es ideal, dado que se aprenden otras realidades para poder vivir como miembro de una sociedad multicultural.  Es frecuente encontrar en jardines o guarderías infantiles de programas institucionales una parodia de lo indígena. Se podría llamar a estas expresiones “Fisher Price indí gena”. Es decir, idénticas estructuras y funciones para estimular a los niños y recrearlos a la manera de la cultura norteamericana, sólo que en vez de osos del polo norte de plástico o de dinosaurios, tienen mazorcas en movimiento, chumbes o semillas secas.  En estos lugares realizan actividades para estimular los niños, desconociendo los modos culturales propios. Mientras hay horarios para actividades de motricidad fina, que es importante trabajar, los niños llegan a sus casas a desgranar mazorcas. Es decir, en estos lugares no sólo se inducen hábitos alimenticios, de sueño ni de recreación, separados de los propios, sino que se promueve la desvalorización de lo propio.  Contrasta esta institucionalidad con proyectos totalmente diferentes que previamente a su instalación se han construido con la gente, con base en investigación / acción. Estos modos institucionales de apoyar a los niños, reafirmando lo propio, son un acierto del ICBF.  La vinculación de indígenas para po nerlos en práctica después de un buen intercambio de visiones ha resultado excelente. sentido, que era necesario enderezar mediante una intervención directa de los Mamos con los niños, niñas y jóvenes.  Niñez Institucionalizada  Niños indígenas con problemas de salud graves, por ejemplo, neurológicos o psiquiátricos severos, y sin entender el castellano, permanecen en instituciones años sin que sus familiares los visiten. Cuando los defensores de menores van a Bogotá aprovechan para visitar a sus remitidos. No existe un programa que apoye a los niños y a sus padres.  Se han registrado varios casos de jóvenes que acuden a los comandantes guerrilleros para liquidar un conflicto interno. Por ejemplo, las jóvenes cubeo piden que intervengan ante la autoridad para que les den libertad y no restrinjan que ellas salgan de la comunidad para hacer pareja con blancos.  Bajo amenaza de muerte estos comandantes obligan a que les den “libertad”.  Dado que los paeces hoy no vulneran el derecho a la vida, lo cual significa que no asesinen a los brujos y a los rateros, los jóvenes arhuacos, que tienen que bajar constantemente a la ciudad de Valledupar, permiten a sus hijos ver televisión, jugar con carros, dinosaurios y robots, hablar castellano; pero arriba, en lugares como Seineme, no pueden tener esos juguetes. Ellos separan uno y otro ámbito cultural. Los arhuacos ordenaron el retorno de todos los estudiantes, incluso los universitarios, dado que sentían que había una crisis de  piden a la guerrilla que los ajusticie.  El Desprecio De Lo Propio En Los Jóvenes  Por diversas fuentes, jóvenes indígenas de ambos sexos demandan cambios internos en sus pueblos. No están de acuerdo con las obligaciones que deben asumir y se rebelan.  Si bien es propio de estas edades autoafirmarse, negando muchos rumbos establecidos por los mayores, lo cual puede considerarse como “normal”, existen situaciones que introducen cambios que vulneren la condición de pueblos: no someter se a la autoridad que tiene competencia jurisdiccional, no “mingar” o prestar servicios a la comunidad; buscar ilícitamente dinero para sí mismo, no aceptar instituciones propias como el matrimonio endógeno o prescrito.  Búsqueda De Hombres Blancos  El asedio de jóvenes indígenas cubanos significa un grave problema para los comandantes del ejército y de la policía en Mitú. La promiscuidad, la prostitución y la transmi sión de enfermedades son significativamen te importantes en la zona. Hay pocos hombres jóvenes cubeos, porque están en la guerrilla y “a ellas les encantan los uniformados”.  Servicio Militar Aunque la Constitución protege la condición de indígenas para no prestar el servicio militar, se han venido gestando propuestas para reglamentar este artículo bajo otros principios, lo cual dadas las condiciones en que se encuentran los pueblos indígenas vulneraría gravemente su condición de pueblos.  Una revisión de las acciones estatales frente a la población indígena y de los mismos pueblos como entes vivos y creativos en procura de soluciones permite observar: a) avances significativos, b) obstáculos c) tareas pendientes y) asuntos a reafirmar para colaborar a crear las mejores condiciones de vida buena, no sólo para ellos mismos como indígenas sino para todos los colombianos.  Capítulo 4 Los Indígenas En Las Políticas Públicas  El Estado ha venido reconceptualizando su comprensión de la diversidad étnica del país mediante la interlocución directa de autoridades y lideres indígenas y para el efecto ha producido una serie de normas jurídicas que regularizan sus relaciones acorde con el reconocimiento de los derechos civiles, políticos, económicos y culturales, al princi pio de no discriminación y al respeto por la diferencia y por la autonomía para el ejerci cio el derecho a decidir su futuro.  El gobierno en el Plan de Desarrollo 2003 - 2006, “Hacia un Estado Comunitario”, con forma la “Consejería Presidencial para Asuntos Étnicos”, encargada de coordinar con los Ministerios, el diseño y definición de las políticas conducentes a elevar el nivel de vida de los grupos étnicos y a garantizar su participación en las decisiones que les atañen.  Apoya la elaboración y ejecución de Planes de Vida acordes con las condiciones económicas, sociales y culturales.  Diseña y define las políticas conducentes a elevar el nivel de vida de los grupos étnicos y a garantizar su participación en las decisiones que les atañen.  En los departamentos con población indí gena, en correspondencia con los planes de vida del cupo regional asignado al departamento para programas de salud, educación, y saneamiento básico, define los proyectos de etnosalud, etnoeducación y saneamiento básico de las comunidades indígenas.  Concierta y diseña una estrategia para orientar recursos nacionales, regionales e interinstitucionales para propender por la adquisición de tierras, la constitución, amplía la construcción y saneamiento de resguardos para los pueblos indígenas.  Diseña programas integrales de registro e identificación que incluyen a todos los grupos étnicos existentes de conformidad con lo establecido en las normas.  De acuerdo con las posibilidades fiscales y la aprobación de los instrumentos internacionales de protección a los pueblos indígenas, busca el fortalecimiento de la educación intercultural indígena acorde a los principios etnoeducativos.  Este marco ha de servir de guía y control a las instituciones públicas para activar programas que parten tanto de principios multiculturales e interculturales, que son base para el relacionamiento con los pueblos y los individuos indígenas, como con relación al desarrollo. Por ello, un eje fundamental es el de la participación directa de las autoridades y sus comunidades en la definición de los asuntos que los afecten.  Los programas han de contribuir al proyecto histórico alternativo de desarrollo a partir de su particular diferencia sociocultural, reconocida por el Estado y por el gobierno.  El desarrollo no se concibe como mejoramiento de infraestructura, es decir, número de letrinas instaladas, o número de metros de instalación para riego, sino que, desde una dimensión humana, configura más capacidad de resolver asuntos, de formular, gestionar, articular, construir y trascender su propio modelo superando la dependencia económica, política, social y cultural de acuerdo a sus aspiraciones.  Todo ello integralmente bajo el ámbito de la naturaleza, el territorio, la cultura, la historia, el pensamiento, mediante relaciones interdependientes e interactuantes. En la forma como éstas se articulan se conforman particularidades propias de organización social, política, económica y religiosa, o sea que el desarrollo contribuye a fortalecer la identidad étnica en su confrontación con otras identidades.  Dado que cada pueblo posee contextos sociales diferentes, sin perder de vista que no están aislados, sino en relación con el resto de la sociedad nacional, que viven dentro de un entorno social amplio y no en una sociedad cerrada, puede acceder a recursos exógenos sin renunciar a perder su identidad, a decidir sobre su futuro, optando por alternativas nuevas bajo el control cultural sobre esas decisiones y dentro de un proceso que no responda a situaciones coyunturales sino que implique dimensiones políticas, es decir, toma de decisiones que como tales afectan la vida del grupo.  El análisis de la situación en cada pueblo permite:  identificar carencias y necesidades internas y en relación con el contexto regional;  reconocer los elementos históricos constitutivos de conflictos e intereses; reconocer los recursos propios, los recursos que fueron impuestos y los apropiados;  Dar prioridad a acciones colectivas para diagnosticar, ver tendencias y en consecuencia formular los cambios que lleven a satisfacer necesidades culturales compartidas, mediante un proyecto reflexivo para lograr la apropiación crítica y selectiva de nuevos elementos y conocimientos, que sea resultado de la confrontación permanente de ideas y experiencias.  Los criterios para una buena interrelación son:  el reconocimiento interno y externo de la condición de unidades políticas diferentes y particulares dentro de la organización del Estado, con autoridad sobre su territorio, que es el ámbito de la cultura;  la valoración de formas propias de organización social y política como potencial para la autogestión, el liderazgo socialmente legitimado que anime la creación y el fortalecimiento de nuevos espacios para el desarrollo y  la participación y logro de un desarrollo autónomo y autogestionario.  En conclusión, las instituciones del Estado han de saber que no todo programa es necesario en todos los pueblos. No todo programa puede ejecutarse de igual modo. No basta con que un programa sea un fin en sí mismo; es decir, todo programa debe fortalecer la etnicidad y la cultura de los pueblos y ser un buen medio para generar más autonomía y más par ticipación, dos seguros confiables para evitar un tratamiento diferenciado a los indí genas que, si bien puede responder como fin para satisfacer una necesidad, lo debe hacer también como medio para fortalecer lo diverso.  Todo programa debe partir de una investigación o estudio participativo que evi ta tratamientos genéricos:  para examinar la bondad de un programa en determinado pueblo o comunidad, o para una particular familia o niño,  para identificar desde los mismos pueblos las concepciones sobre bienestar, desarrollo, familia, niñez, hábitos de higiene y alimenticios, rutinas de juego, formas de crianza, trato a los niños, concepciones sobre salud y enfermedad, etc., que tiene cada pueblo, dado que difieren de las de otras sociedades indígenas y de las de la sociedad mayoritaria y,  para activar programas de manera diferente. Por ejemplo, en un programa para mejorar el estado nutricional es importante, además de conocer los recursos internos y las razones que llevan a realizar ese programa en este particular pueblo indígena, definir los alimentos que ingieren y el modo de prepararlos, el manejo al recién nacido, la manera de compartir o no los alimentos, el trato a los huérfanos, entre otros.  Ello define lo cultural o, incluso, eventualmente, las “trabas culturales” que están generando desarmonía y deben reorientarse. Los pastos definieron en algunos resguardos prohibir el licor por considerarlo una “trabajo cultural”, debido al impacto negativo que estaba teniendo sobre la calidad de vida de las familias, pero particularmente de los niños.  Hay que desestimular acciones que actúan bajo visiones paternalistas que sostengan estados de cosas que generan dependencia y un trato basado en la mendicidad y la caridad.  Concertar los planes de vida. Permite un proceso significativo de planificación, que no imponga y que busque acercar el proceso entre los equipos institucionales externos que reconocen a las autoridades tradicionales de dichos pueblos, no sólo como contrapartes, sino como autoridades con jurisdicción especial para asuntos administrativos, así como reconoce a los cabildos como entidades públicas de carácter especial.  Si hay un esfuerzo diferenciado que además de maximizar recursos, porque se utilizan donde se necesitan, las instituciones externas que buscan apoyar acciones bajo la posibilidad de reafirmar la identidad cultural, los usos y costumbres, potencian las estructuras sociales y culturales, orientadas a mejorar condiciones de vida que faciliten su crecimiento, como personas y grupos.  Sobre estos referentes se presentan a continuación instituciones y programas que como medios deben alcanzar potenciar la existencia cultural alterna de los pueblos.  4.1. Salud Y Seguridad Social  Los principales problemas en el sector salud en las comunidades indígenas se concentran en la desnutrición, los altos índices de morbimortalidad, el desconocimiento de su cultura médica y la dificultad para que se cubra a toda la población indígena con los servicios de salud que les son necesarios.  Es muy sensible a las condiciones de bienestar de la población en Colombia. La tasa de mortalidad infantil es uno de los indicadores de salud que ha logrado mayor descenso y transformación en su estructura durante los últimos años, pasando de 28.1 x 1.000 n.v. en 1998 a 25.6 para el año 2001, logrando la meta establecida para el año 2000 de 26 x 1.000 n.v.  Las diferentes políticas, así como el desarrollo económico y social del país, han mejorado los indicadores de desarrollo de la niñez menor de cinco años. Sin embargo, persisten las diferencias regionales en la reducción de la mortalidad infantil y en sus notables diferencias territoriales, que son al tiempo, manifestación y consecuencia de las desigualdades regionales y sociales que caracterizan al país.  En algunos departamentos, la mortalidad infantil es del orden del 22 x 1000, lo cual contrasta con otros que registran 98.82 X 1000 para hombres y 81.26 x 1000 n.v. en mujeres, esto es expresión de las enormes brechas en el desarrollo económico y social: por 1000 n.v. En el Chocó hay 98.8, en Caquetá 70.9, en Cauca 64.1, en Arauca 61.2, en Nariño 59.8, que son los departamentos con mayor proporción de población indígena.  El estado nutricional de la población indí gena además de asociarse directamente con la morbilidad y la mortalidad de la población se relaciona con los niveles de seguridad alimentaria de la población, la cual a su vez está determinada por múltiples factores que inciden en el acceso a los alimentos:  la escasez de tierras adecuadas para la producción, las nuevas demandas para participar de en sistemas de mercado, las condiciones tecnológicas atrasadas, los hábitos culturales y las creencias con relación a los alimentos y al cuidado diferenciado de los adultos frente a los niños, la prioridad del colectivo sobre el bienestar individual, los impactos de la guerra sobre la calidad de la tierra, las fuentes de agua para provisión de comida y el acaparamiento de alimentos institucionales por parte de los actores armados, entre varios factores.  En el 2000, el 13.5 % de los menores de cinco años presentaron desnutrición crónica o retardo en el crecimiento y esto se relaciona con la situación de marginalidad y la pobreza. El 2.8 % de ellos se encuentra en riesgo de desnutrición severa, siendo el grupo más afectado el de los menores de 12 a 24 meses.  En estudio realizado sobre 800 casos de protección de niños, niñas y jóvenes indígenas, realizado en 16 regiones de Colombia, el 98 % son casos de desnutrición. Muchos de ellos reincidentes después de procesos institucionales de recuperación nutricional.  En los menores de 5 años se presentó desnutrición aguda en el 0.8 %, con severidad en el 0.1 %. Los niños más afectados al igual que en la desnutrición crónica son los menores de 12 a 24 meses. Le siguen en prevalencia los menores de 6 meses. La prevalencia de desnutrición global En general fue de 6.7 %, con severidad del 0.8 %, los más afectados son menores de 1 a 2 años entre quienes la desnutrición alcanza el 10 %. Entre los de 2 años la desnutrición severa llega al 2 %. (ENDS/2000)  Los departamentos con mayores índices de desnutrición son: Cauca y Nariño, seguidos por Tolima, Huila y Caquetá, que son departamentos con un volumen de población in dígena representativa.  La lactancia materna está generalizada en todo el territorio nacional. Del 94.5 % de los niños y niñas que alguna vez cantó en 1995 pasó al 95.5 % en el 2000, lo que significa que el trabajo desarrollado a lo largo y ancho del país ha logrado un nivel de impacto importante. Dentro de los hábitos de crianza cultural más extendidos entre los indígenas se encuentra la lactancia materna muy prolongada. Este hecho es un activo cultural muy importante.  4.2. La Seguridad Alimentaria  La disponibilidad de alimentos, como solución al problema del hambre de las poblaciones indígenas, no se debe ni a la inca pacidad de producción de alimentos, ni a un crecimiento desproporcionado de su población, ni a la falta de alimentos en Colombia, sino a la falta de acceso a los alimentos disponibles, entre otras razones a causa de la pobreza. Lo que padecen los indígenas de modo creciente es una crisis económica de desproporcionada magnitud, motivada por  Entre los obstáculos estructurales que impiden garantizar la alimentación se encuentran: el descenso de la calidad de vida y el ascenso de la iniquidad; la magnitud del desplazamiento forzado; la situación de las tierras, la agricultura y la desigualdad; el conflicto armado; el incremento de los cultivos ilícitos. La colonización descontrolada y el narcotráfico son fenómenos que una parte muy importante de la población indígena ha sufrido y que traen como consecuencia hambre y desnutrición.  Las condiciones de desequilibrio biológico, consecuencia del hambre, muestran ejemplos francamente inconcebibles en una nación llena de posibilidades para la vida buena. Los sikuani, los cubeo y los kankuamo, por ejemplo, tienen restricciones severas para poder comprar alimentos y sus tierras no sirven para la producción.  Las mujeres embera de Antioquia se estaban muriendo. Las autoridades del pueblo optaron por pedir ayuda a la Secretaría de Salud Pública y ésta a la Universidad de Antioquia. Un equipo interdisciplinario trabajó durante dos años para detectar el origen de las tempranas muertes de estas mujeres. En primer lugar, ellas a los 14 o 15 años ya tienen dos hijos, lo cual implica un trabajo fuerte de crianza.  Por división del trabajo según género, ellas toman alimentos de los cír culos concéntricos 1° y 2°, que están próximos a su casa y los hombres deben hacerlo en el 3°, en el 4° y en el 5°, donde hay pesca, caza bajita con ayuda de perros y caza alta y recolección para obtener animales, cogollos y frutos.  Dado que estos anillos han sido invadidos por colonos, correspondía a las mujeres proveer los cuidados a los productos sembrados en los espacios culturalmente definidos como “trabajo de mujer” y cosechar los productos, pelarlos, cocinarlos y repartir los. El desgaste energético de estas mujeres por el exceso de trabajo no era equilibrado con la comida ingerida, lo cual ocasiona la muerte temprana.  Es de anotar que las medidas antropométricas de talla y peso internacionalmente utilizadas tuvieron que ser adecuadas. Los médicos tradicionales se hicieron partícipes en el proceso y determinaron realizar un cambio cultural por medio del cual los hombres realizan tareas antes clasificadas como femeninas y las mujeres aceptarían este cambio cultural necesario para adecuar las condiciones nutricionales.  Este cambio ha sido significativo pero el acceso a alimentos sigue siendo insuficiente para todos.  La ejecución del programa “Diálogos para una maternidad segura” es, sin duda, un proyecto valioso, pero presenta el problema de que en el enfoque metodológico no hay diálogo. Desde la sociedad mayoritaria se define qué debe saber una mujer para tener una maternidad segura, pero fuera de lograr traducir estos conceptos, no se trabaja para saber qué es maternidad segura para ellas; qué es “maternidad como está do”, qué es “segura”.  La transferencia de modelos generalmente se sustentan en una relación no horizontal, que parte de la ignorancia o vacío de conocimiento del otro, por lo que el que sabe salvará al otro con su conocimiento. Esta visión etnocéntrica implica pérdida de recursos dado que, generalmente, estos códigos hacen parte de un sistema cultural en salud, que no concuerda necesariamente con otro.  Queda claro con este párrafo que todo programa ha de activarse con un enfoque metodológico que parta, en primer lugar, por rescatar, reconocer y examinar, desde las categorías del participante o de la población que será sujeto del programa el campo que ha de ser intervenido.  El enganche de hombres cubeo en grupos insurgentes ha traído como consecuencia que las mujeres cubeo solas tengan que mantener a los niños. Ellas deben caminar grandes distancias para cuidar los sembrados y solas deben extraer el veneno a la yuca, lo que ha traído deformaciones en la clavículas y consecuencias en la salud. Por otro lado, al no pescar y no cazar, se manifiesta malnutrición proteico calórico y déficit de proteínas (Kwashiorkor) dado el tipo de alimentos que vienen consumiendo, lo que ha tenido efectos graves en la salud comunitaria.  El ICBF ha registrado en varios lugares de Colombia que grupos guerrilleros se abastecen con las mesadas de alimentos que el Instituto remite. Y además son clasificados como alimentos para la guerrilla, con lo que corren peligro los funcionarios y transportadores de alimentos.  Además de la configuración de hábitos culturales, los alimentos son buenos para pensar. Están clasificados en todas las culturas y como categorías hacen parte de mundos e imaginarios compartidos por grupos particulares. Para los peces en SEK, por ejemplo, la gallina, el chocolate, el maíz, la chicha son alimentos propios y deseables para las parturientas. Tienen la característica de ser calientes y de compartir con otras realidades el mundo de lo femenino.  La cultura también determina qué debe comerse de los animales, vegetales y minerales asequibles; cuál es su uso, según la edad, el estado de crecimiento o de salud; cómo deben comerse y con quién. Por participar de los mundos de creencias configuran restricciones y normatividades determinadas, por ejemplo, los u'wa y los arhuacos hacen ayunos sin sal que de no realizarse acarrean una sanción.  Durante los noventa, Colombia tomó decisiones importantes respecto al sistema de salud. Estas medidas han tenido efectos positivos en el acceso y calidad de los servicios de salud. Sin embargo, todavía son necesarias más acciones si se desea completar, consolidar y mantener las mejoras que siguieron a la promulgación de la Ley 100.  Es indudable que para los pueblos indígenas se ha extendido considerablemente la cobertura de salud y seguridad social y que hoy existen varias ARS indígenas. Sin embargo, los indígenas siguen muriendo por enfermedades fácilmente prevenibles o curables en otras partes del país. El manejo de la salud en los diferentes pueblos, por medio de médicos tradicionales y de parteras, es muy extendido y diferencial.  Los indígenas utilizan su medicina muchas veces en diálogo intercultural con la medicina alopática. Dado que, en general, no se le reconoce su valor a esta medicina con relación a principios y procedimientos, se inducen programas que terminan por minar sus conocimientos y dejar sin opción interna muchas salidas.  Trabajos de interculturalidad para combinar ambas medicinas, cuando es necesario, existen en varias partes de Colombia, como entre los wayúu, los paeces y los guambianos, quienes han hecho experimentos ejemplarizantes.  Programas para la revalorización, socialización y fortalecimiento de los conocimientos internos, en un país escaso de recursos, pueden significar importantes oportunidades de vida y mejoramiento de las condiciones de insalubridad o enfermedad.  El Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” otorga al Instituto Co lombiano de Bienestar Familiar la responsabilidad de coordinar el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición.  El objetivo general de este Plan es contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutricional de la población colombiana, en especial de la más pobre y vulnerable, integrando acciones multisectoriales en las áreas de salud, alimentación, nutrición, agricultura, educación, comunicación y medio ambiente, mediante estrategias de coordinación intersectorial, participación ciudadana, equidad, educación e investigación.  El eje “Nutriendo” concibe que el derecho a la vida se encuentra estrechamente relacionado con las posibilidades y condiciones nutricionales de los niños.  El desafío es la reducción de la desnutrición crónica y el tratamiento de carencias específicas, como es el caso de las anemias por deficiencia de hierro y otros micronutrientes. Durante cuatro años (periodo de gobierno) se pretende incrementar el suministro de una “complementación alimentaria” a 500.000 niños y niñas mayores de 6 meses hasta los 5 años, dando prioridad a niños de 6 a 36 meses, de los estratos más pobres de la población, ubicados especialmente en el área rural. Mediante el “Programa Familias en Acción” se entregan 305.757 subsidios nutricionales a niños menores de 7 años de familias pobres. Dentro del programa “Fortificación de alimentos” el ICBF produce anualmente aproximadamente 32.000 TM de la mezcla vegetal denominada Bienestarina, enriquecida con vitaminas y minerales, la cual está en proceso de reformulación para cubrir la deficiencia de micronutrientes. “Los desayunos escolares” están fortificados con hierro y el hecho de hacerlo con la harina de trigo de consumo nacional tiene el mismo propósito.  El eje “Creciendo y Aprendiendo”, a través de la familia, busca fortalecer la humanización de las personas, generando procesos de recuperación de su identidad y capacidad constante de crecer y transformarse. Se busca contribuir al desarrollo del capital humano y del capital social que genere condiciones favorables para la transformación social, económica, política y cultural del país, ampliar los vínculos sociales y las oportunidades, gracias al desarrollo de la capacidad humana y el fortalecimiento de las redes sociales.  El eje “Restableciendo vínculos” comprende los fundamentos conceptuales, políticos y estratégicos del conjunto de servicios orientados a la restitución plena de derechos para lograr la integración familiar, social y comunitaria de niños y adolescentes. Incluye una directriz estratégica denominada “Reintegro familiar”, con la cual se busca fortalecer y flexibilizar los procesos de protección, de tal manera que la separación de los niños de su medio familiar se produzca efectivamente como último recurso y atendiendo de mane  Era exclusiva su interés superior. Así mismo, busca fortalecer el medio social comunitario y el medio familiar para la protección de los niños que son separados de su familia biológica. Es necesario comprender el significado y el efecto que la institucionalización tiene en los niños y las niñas, las razones que favorecen el rompimiento de los vínculos naturales desde la prestación de los servicios y explorar nuevas posibilidades de respuesta para generar alternativas protectoras con los niños en su contexto familiar y comunitario.  Programas estratégicos como “Reconcilia ción Familiar”, “Educadores Familiares”, “Escuela de Padres”, “Familias en acción”, “Observatorios de infancia y familia”, entre otras muchas modalidades de servicio, y “Haz paz” buscan la consolidación de familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los dere chos de sus miembros, sin distingo de edad, género, cultura, o capacidad física o intelectual, mediante acciones para prevenir relaciones violentas en el interior de las familias, de promoción y fortalecimiento de factores de convivencia, de detección temprana y de atención preventiva, mejoramiento de la calidad, la disponibilidad, el acceso y la utilización de los servicios, y desarrollan nuevos modelos para la rehabilitación psicosocial de niños y familias”, si bien son muy válidos para la situación particular de los miembros de la sociedad mayoritaria, no son necesariamente transportables y transferibles como único modelo a encajar indistintamente en todos los pueblos indígenas. Programas como estos que están pensados hegemónicamente han de examinarse en función de responder a pueblos donde la problemática sea similar no sólo en los hechos visibles sino en las connotaciones propias, de modo que puedan servir como estrategia.  Datos Relevantes Número de beneficiarios ICBF 5’738.744  Unidades de servicio 90 138.250 Niños en hogares de bienestar, modalidad 0-7 años 802,844 Modalidad FAMI 383.992 Hogares infantiles, lactantes y preescolares 71.931 Recuperación nutricional 54.112 Asistencia nutricional al escolar y al adolescente 2’285.894 Familias Escuela educador familiar 134.040 Personas en Escuela educador familiar 161.230 Asistencia integral a niños y jóvenes en clubes juveniles y prejuveniles 50.400 Instituciones de protección para la niñez, internado y seminternado 34.272 Instituciones de protección para la niñez internado 46.383 Jóvenes en conflicto con la ley en instituciones de reeducación 8.985 Hogares sustitutos 7.019 Niños atendidos en hogares sustitutos 19.393  El ICBF atiende la familia y a niños niñas y jóvenes indígenas Desde antes de la Constitución de 1991 el Instituto inició un proceso sin precedentes en las instituciones públicas que partiendo de las condiciones distintas de los pueblos indígenas generará modos de atención y programas distintos en función de responder adecuadamente a sus condiciones particulares. Mediante la contratación de indígenas y no indígenas intelectuales se inició con funcionarios especializados en el tema un proceso para adecuar la institución.  Este proceso ha ido ajustándose para configurar una política pública de protección a los niños, niñas y jóvenes indígenas. El programa de atención a la familia indígena amplia incluso la misión institucional en el entendido de que las condiciones estructurales de calidad de vida deterioradas solamente pueden abordarse de modo integral en marcos alrededor de los diferentes sistemas culturales.  El etnodesarrollo y la investigación/acción/participativa son los marcos teóricos y metodológicos que han servido de base para actuar. El programa de atención a la familia indíge na del ICBF ha realizado una audioteca con los temas centrales orientada a comunidades, cuya oralidad es significativa para apropiarse y compartir conocimientos.  El cuadro de ejemplos que a continuación se presenta muestra las acciones afirmativas activadas en función de dar a los pueblos indígenas un trato discriminatoriamente positivo que fortalezca la etnicidad y la cultura y, por supuesto, los derechos humanos, como se ha expresado al inicio de este documento. 90 Apertura programática vigente. Experiencias De Adecuación Institucional Del ICBF  GUAJIRA Los Defensores de Familia y miembros de la comunidad wayúu encontraron que el Registro Civil de los niños para garantizar el derecho a la identidad iba en vía contraria al principio de reconocimiento a la diferencia y a la identidad, pues los wayúu son matrilineales y reciben el nombre de un clan por línea materna.  Dado que se registraban acorde con la sucesión de apellidos en la sociedad mayoritaria y el tipo de familia bilineal, se gestionó ante el Consejo de Estado, quien solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil y ésta notificó a las notarías modificar el procedimiento para ser consecuentes con el reconocimiento del Derecho constitucional.  Una niña wayúu que fue llevada a vivir lejos de su comunidad y no quiere volver a ella argumenta que está feliz con el estilo de vida que tiene en esa ciudad, interpone una acción de tutela en la cual argumenta el derecho al libre desarrollo de la personalidad para permanecer lejos de su pueblo; mientras tanto su madre wayúu y su tío materno la reclaman en nombre del clan.  Se comprende por parte de los Defensores de Familia lo que significa una niña para la comunidad wayúu (dote, herencia, otros) y dentro de este contexto se pondera el derecho individual de la niña y el derecho a la integridad del pueblo wayúu, por lo que se toman decisiones para fortalecer al pueblo.  NARIÑO En la Comunidad Awá, se hicieron estudios sobre socialización de los niños y se concluyó que este pueblo por su concepción no requería actividades de estimulación temprana para los niños menores de tres años. Ellos conciben que a esta edad los niños pertenecen aún a otro mundo y deben ser sobre todo socializados por sus hermanos y no por los adultos.  Las pruebas de desarrollo que posteriormente se les realizaron constataron que esta práctica cultural manifiesta gran eficacia y que comparados con la población mestiza tienen niveles de desarrollo semejantes.  Entre los pastos la realización de fiestas anuales dejaba a los niños descuidados mientras los adultos participaban de la fiesta. Se determinó realizar brigadas especiales y temporales para albergar a los niños.  CÓDIGO DEL MENOR Estudio, análisis y ajuste del Código del menor acorde con la Constitución Política del 91 Este Código es anterior. Dos campos fundamentales han de modificarse: la competencia jurisdiccional de las autoridades indígenas y el trato diferencial a los pueblos como sujetos de derecho.  GUAVIARE Catorce niños nukak makú que fueron “abandonados” entre colonos se ubican en hogares sustitutos. El Consejo de Estado define la tutela interpuesta por la Defensoría del Pueblo y ordena al ICBF el reintegro de ellos a su comunidad. Mediante un proceso de investigación se precisa que los niños, todos con defectos físicos graves o huérfanos, fueron dejados por sus parientes o padres dentro de la sociedad mayoritaria –que es sedentaria y no nómada–, que tiene otro sistema de salud para aliviar situaciones imposibles para ellos y dispone de alimentos que todos ellos deben buscar, como una medida de protección y no de abandono. Las condiciones de vida como nómadas, recolectores y cazadores no les permite a esos niños abordar esa vida. Se demostró la inconsistencia del fallo con el derecho a la identidad y a la determinación del pueblo nukak por lo que no fueron reintegrados y fueron dados en adopción (niños con sordera, ciegos, con malformaciones) para protegerlos.  CAUCA Reconocimiento de sus autoridades tradicionales y de sus formas propias para definir conjuntamente procedimientos acordes con sus usos para realizar adopciones.  Adecuaciones nutricionales según sus usos y costumbres.  Proyectos productivos para apoyar el trabajo con niños, incorporación de los miembros de la comunidad una vez en la semana para trabajar y orientar los programas estatales.  Administración de programas alimentarios del PMA acordes con formas de organización propia. Estudio sobre formas de socialización de niños. Identificación de actividades específicas, formas pedagógicas de los tikuna. Producción de cartillas en lengua tikuna.  GUAINÍA Recopilación de mitos y leyendas que permiten entender sus concepciones en torno a la niñez como medio para fortalecer y adecuar el programa PUTUMAYO Formulación, organización y adecuación del programa de jóvenes del Programa Círculos de Cuadra.  CÓRDOBA Apoyo a procesos de investigación de la historia y organización para fortalecer al pueblo zenú, que han venido perdiendo la memoria histórica y estaban en situación de gran fragmentación cultural.  ARAUCA Niños mellizos llevados al hospital de Saravena para que fueran entregados al ICBF para su protección. La enfermera, quien no conocía la lengua de los uwa, procedió a hacerles firmar a los padres una nota de entrega de los niños para adopción. Los padres no conocían el alcance de esta nota pues no dominan el castellano y lo que querían era preservar a los niños mientras que su comunidad ayunaba y definía el procedimiento a seguir con los niños Entretanto la defensora de familia remitió a los niños a una casa de adopciones, cuya La directora interpuso acción de tutela.  La comunidad definió modificar la creencia para que pudieran vivir con ellos y no fueran recogidos por una deidad para vivir con ella, por lo que la Corte Constitucional ordenó el reintegro de los niños a su comunidad. El ICBF y los representantes de la comunidad uwa hicieron posible este reintegro mediante encuentros y recursos especiales.  Desde siempre, Colombia se ha valido del crecimiento económico y de la expansión paralela de los servicios sociales básicos para suplir la puesta en marcha de una red de protección social. La asistencia social no estaba incluida en las profundas reformas del sector social de los años noventa, que llevaron a un mayor gasto y a la descentralización de la salud y la educación.  En consecuencia, los programas de asistencia social no sólo siguen siendo inadecuados para responder a grandes crisis que afectan a muchas personas de un modo simultáneo, sino que, además, cuentan con una financiación insuficiente, están centralizados y carecen de un enfoque estratégico.  Las reformas de las políticas del sector social introducidas en los años noventa por la Constitución de 1991, la Ley 60 y la Ley 100, no incluían la asistencia social. Dicha exclusión tuvo tres consecuencias: en primer lugar, la asistencia social no participó del gran incremento del gasto en el sector social, impulsado por el sólido crecimiento económico de Colombia. Mientras que el financiamiento de la salud y la educación aumentó aproximadamente de 4% del PIB a principios de los años noventa hasta más de un 8% del PIB en 1996, los gastos presupuestados del gobierno central para asistencia social fluctuaron en torno al 1% del PIB durante la primera mitad de los años noventa y descendieron por debajo del 0,7% en el 2002.  Se trata de un nivel de gasto en asistencia social muy bajo si se compara con el de países en una etapa de desarrollo similar y con las necesidades de grupos vulnerables específicos que carecen de acceso a programas clave de asistencia social, como los indígenas. En segundo lugar, puesto que las reformas de descentralización que marcaron las pautas de la política del sector social no incluyeron la asistencia social, los principales programas de asistencia social siguen estando muy centralizados.  Las transferencias fiscales a los gobiernos locales que absorben el 14% del PIB no incluye financiamiento para la asistencia social. Los gobiernos locales apenas tienen criterio para asignar los fondos de asistencia social y del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  Por último, el enfoque estratégico y las directivas de políticas establecidas para la mayoría de los programas del sector social como parte de las reformas no se aplicaron a la asistencia social. Los programas de asistencia social siguen estando fragmentados, carecen de un enfoque y en gran medida están fuera del alcance de aquellos que se encuentran en el sector no estructurado.  La vulnerabilidad se basa en los resultados esperados de los riesgos y en las respuestas a estos riesgos, y el grado de vulnerabilidad está determinado por la probabilidad de que una crisis haga que la situación de particulares, familias o comunidades caiga por debajo de un umbral de bienestar predeterminado, como la pobreza. (Heitzman, Canagarajah y Siegel, 2002.)  Los principales programas de asistencia social de Colombia no estaban preparados para ofrecer una protección anti cíclica adecuada a aquellas personas más afectadas por la reciente crisis. Estas deficiencias llevaron a la introducción de un nuevo programa a corto plazo, la Red de Apoyo Social (RAS), para mitigar los peores efectos de la crisis. La puesta en práctica de los programas de la RAZA comenzó en 2001 y se esperaba que éstos alcanzaran su capacidad total a principios del 2002.  Los niños y los adolescentes constituyen en Colombia los principales grupos vulnerables específicos según la edad que requieren actualmente asistencia por parte de una red de protección social reformada. La Tabla A del Anexo presenta una visión general de los grupos de riesgo clave por edad y los programas de protección social diseñados para afrontar estos riesgos. Los niños en edad preescolar y de escuela primaria afrontan importantes riesgos de pobreza, salud y nutrición, incluyendo un brusco descenso de las tasas de vacunación y un incremento del porcentaje de algunas enfermedades que no se tratan (como la diarrea).  Aproximadamente la mitad de los niños colombianos no han sido vacunados contra enfermedades básicas contagiosas, un descenso en la cobertura de 10 puntos porcentuales en sólo cinco años (Profamilia, 1995 - 2000). La pobreza está más extendida entre los muy jóvenes que entre cualquier otro grupo analizado en el Informe sobre pobreza en Colombia de 2001: cerca del 70 % de los niños menores de siete años en las zonas urbanas y casi el 90% de los niños en zonas rurales son pobres. (Consulte la Tabla 23.3)  Los jóvenes entre 12 y 17 años han sido identificados como excepcionalmente vulnerables, debido a que están expuestos a múltiples aspectos de la violencia y la delincuencia. Colombia ya posee la censurable distinción de tener la tasa más alta del mundo de secuestros y homicidios, y una gran proporción de los autores y las víctimas de los delitos urbanos económicos y sociales son menores. Los grupos-muestra elegidos informaron que la delincuencia juvenil y los robos callejeros se han incrementado enormemente en los últimos años y que se están reclutando a la fuerza adolescentes para participar en el conflicto armado.  Los embarazos en adolescentes y la exposición a enfermedades de transmisión sexual también representan un importante riesgo. Según encuestas demográficas y de salud (Profamilia, 1995 - 2000), los embarazos entre adolescentes están aumentando. Alrededor del 19 % de las adolescentes entre 15 y 19 años estaban embarazadas o habían tenido un hijo en el momento de la encuesta, en comparación con el 17% en 1995.  La tasa es mucho mayor en las zonas rurales (26%) y es inversamente proporcional a la educación. No hay duda de que estos fenómenos se ven exacerbados por las tasas cada vez más altas de inactividad y desempleo entre los jóvenes. (Consulte la Tabla A del Anexo)  Las personas desplazadas dentro del país como resultado del conflicto interno de Colombia constituyen otro grupo críticamente vulnerable. La fuerza económica y militar de las guerrillas y los paramilitares, relacionada con la droga, ha producido un drástico aumento de la violencia, las muertes y los desplazamientos, especialmente entre la población civil rural. Existe un gran debate en cuanto al número y las características de la población desplazada dentro del país. Se calculan hasta casi dos millones. (Codhes – UNICEF, 1999).  Esta población ha sido expulsada de zonas donde han estado realizando actividades económicas productivas y se les ha realojado en barrios de tugurios urbanos donde las perspectivas de empleo son limitadas, el acceso a los servicios sociales está restringido y la violencia y la delincuencia están extendidas.  Por contraste con años anteriores, la reciente migración a las zonas urbanas constituye actualmente una buena variable predictiva de la pobreza: el 64 % son pobres frente al 55 % de la población general (Tabla 3). Los datos disponibles sugieren que la mayoría de los desplazados son mujeres (56 %) y niños (el 55 % son menores de 18 años), con una educación y unas capacidades limitadas. En su migración de zonas rurales a urbanas, han abandonado su principal activo (sus tierras) y afrontan obstáculos para acceder a puestos de trabajo y servicios sociales. Su concentración en unas pocas ciudades de Colombia ha añadido presión a los limitados presupuestos municipales, una situación agravada por la importante y constante falta de financiamiento para la principal estrategia nacional para las personas desplazadas dentro del país 96.  4.3. Educación Intercultural  Venimos de procesos educativos en los cuales nuestros sistemas de conocimiento y nuestro espíritu trataron de ser aniquilados. Se nos impuso un idioma, un manejo del tiempo y de la relación con la madre tierra. Algunos de nuestros mayores fueron aislados y los niños llevados a la fuerza a lugares cerrados, llamados orfelinatos, en los cuales se intentó hacernos creer que no teníamos padres, historia o conocimiento.  Nuestros mayores lucharon y con gran esfuerzo lograron sostener los idiomas, el manejo territorial, la relación con los espíritus que conforman la madre tierra, gracias a ellos aún tenemos fuerza y esperanza para luchar. Intentan educarnos para desarraigarse territorialmente y apoderarse de nuestras mejores tierras, sin entender que allí está la vida, están los espíritus, está todo lo que constituye la esencia de la vida, es decir, lo que llamamos sagrado.  Cuando logramos apropiar la escuela y avanzar en el desarrollo de propuestas educativas al servicio de la cultura y la comunidad, acordes con la vida y los sistemas de conocimiento que desarrollamos en miles de años, nos encontramos con la violencia social y política que vive nuestro país.  Cuando en nuestras comunidades nos reunimos para encontrar soluciones a nuestros problemas, discutir los acuerdos y normas para relacionarnos mejor unos con otros, organizar nuestro trabajo, escuchar a nuestros abuelos sobre las historias que han vivido y viven nuestros pueblos, aprender a cultivar, tejer, construir viviendas, llegar a ser médicos tradicionales, parteras, músicos, sentimos que esto es educación.  Desde mediados del siglo XX, los pueblos indígenas han tenido que participar en los procesos de la educación llamada oficial, como un mecanismo para sobrevivir como indígenas. Han realizado numerosos esfuerzos para apoyar estos procesos en el entendido de que están inmersos en el orden nacional, predominantemente castellanizado y occidentalizado. Han facilitado infraestructura, comida y salarios a los maestros que han accedido a trabajar en sus comunidades. Aprender el idioma que era oficial, las operaciones matemáticas y la lectoescritura se configuraron como un medio de defensa de lo propio en un Estado monocultural y monolingüe. Animaba a muchos a someterse a este proceso para sobrevivir en el mundo hegemónico de la sociedad mayoritaria, camuflando lo propio, considerado como atrasado y despreciable. El Estado que buscaba civilizarlos no encontró mejor mecanismo que entregar a los misioneros la educación de los indígenas, lo cual permitía interactuar con ellos para configurar la mano de obra para las iniciativas de los incipientes capitalistas agrarios. La educación para los pueblos indígenas estuvo a cargo de la iglesia católica mediante el Concordato de 1886, enmarcado en una política para conducir y transformar a las «tribus salvajes» a la vida «civilizada». 96 pp. 631-632. Según cifras estimadas por el Ministerio de Educación Nacional, el analfabetismo de la población indígena alcanza el 44 %. El Ministerio está atendiendo directamente a la población indígena en 24 departamentos, lo que representa 43 pueblos. De acuerdo al censo DANE de 1993, el total de población indígena en edad escolar, en un rango de población de 5 a 24 años, estaba en 257.492 personas, lo que correspondía a un 33 %. La asistencia escolar indígena estaba en 80.458 personas, que constituye el 31 % de la población en edad escolar atendida por el sistema educativo colombiano.  El Estado, por medio del Ministerio de Educación, desde hace dos décadas ha pretendido responder a las particularidades étnicas, socioculturales y lingüísticas de las familias y poblaciones indígenas, contribuyendo a crear un modelo de educación que funcione en paralelo con el modelo educativo, de naturaleza monocultural occidental, con el objeto de tener en cuenta la diversidad que caracteriza a la nación.  Ha buscado que los niños, niñas y jóvenes indígenas tengan la posibilidad de participar de los contenidos de una educación que fortalezca la lengua y los valores propios y que a la vez concilie las necesidades que demanda el sistema educativo formal, ya que como colombianos indígenas deben acceder en condiciones de igualdad para participar de los estudios intermedios y superiores. Este modelo busca encontrar entendimiento entre los procesos y contenidos desde la educación formal a cargo de la escuela y los que la propia familia y la comunidad ponen en práctica bajo el modelo de educación propia.  Mediante un enfoque de etnoeducación se transformó la pedagogía en el país, que hasta entonces no había tenido nunca en cuenta a las poblaciones indígenas, intentando hacer realidad propuestas que interpretaran y acertaron con respuestas las demandas desde los mismos pueblos.  La etnoeducación parte de los principios de autonomía, participación comunitaria, interculturalidad, diversidad lingüística y cohesión social fundamentada en la territorialidad, los usos y costumbres, la autonomía, la cultura, la cosmovisión y la realidad propia.  La educación intercultural bilingüe es un avance político y socio pedagógico que está abriendo puertas para que cada vez más se hagan partícipes los mismos indígenas en la gestión de estos programas. El país dispone de una legislación educativa indígena de vanguar dia, resultante de los procesos de concertación entre los pueblos y el gobierno, la cual  Se genera como producto de experiencias y programas piloto bajo criterios, contenidos y metodologías que replantean la educación de modo coherente con las políticas existentes. Las mesas nacionales y las regionales sobre políticas etnoeducativas son un gran espacio para desarrollar, proyectar y comprometer al Estado en los procesos de mejoramiento y eficacia de los derroteros que lo comprometen. Normatividad Cuadro N° 1 NORMA AÑO ASPECTOS PRINCIPALES  Decreto 1142 1978 Reconoce que la educación dirigida a los pueblos indígenas debe respetar su cultura y permite el nombramiento de docentes indígenas sin los requisitos que se exigen a los no indígenas.  Ley 21 de 1991 1991 Los artículos 26 al 30 hablan de educación para (Convenio 169 pueblos indígenas de la OIT) El artículo 27 establece que el gobierno debe garantizar el traslado de los programas educativos para que se desarrollen en territorios indígenas a los representantes de los pueblos indígenas.  Constitución Política 1991 Artículo 7: El Estado reconoce y protege la diversidad de la nación colombiana.  Artículo 10: Se reconoce la oficialidad de las lenguas indígenas en los territorios donde se hablan.  Artículo 68: Establece que la educación para los grupos étnicos debe responder a las aspiraciones de dichos grupos.  Ley 115 o Ley 1994 En el Título 3, Capítulo 3, establece las características General de Educación que debe tener la educación para los grupos étnicos.  Decreto 804 1995 Desarrolla la ley 115.  Establece claramente que el nombramiento de docentes, directivos docentes y personal administrativo en territorios indígenas debe ser concertado con las autoridades indígenas.  Los docentes y directivos docentes indígenas están exentos de títulos de bachiller o normalista y del concurso para su nombramiento. Los currículos y calendarios académicos deben responder a las características particulares de los grupos étnicos.  Cuando el Estado tenga que contratar la prestación del servicio educativo, tendrán prelación las organizaciones indígenas con experiencia en educación.  Decreto 982 1999 Establece compromisos del Gobierno Nacional para el desarrollo integral de la política indígena en el Departamento del Cauca y considera que es necesario fortalecer el sistema educativo de los pueblos indígenas y sus autoridades, de acuerdo con sus características culturales, sociales y administrativas.  Directiva Ministerial 08 2003 Dirigida a alcaldes, gobernadores y secretarios de educación. Reafirma la vigencia de toda la legislación etnoeducativa.  La reorganización de la educación en territorios indígenas debe atender a los parámetros establecidos en dicha legislación.  Es posible la creación de instituciones educativas en territorios indígenas mediante la fusión de centros, aunque al momento de la fusión no se ofrezca la secundaria, siempre y cuando se presente un cronograma para ofrecer la básica secundaria en el mediano plazo.  Decreto 2582 2003 Establece como requisito para aplicar la evaluación de desempeño de los docentes en los territorios indígenas la concertación del sistema de evaluación con las organizaciones indígenas.  Fortalecimiento De La Visión Propia  En las comunidades indígenas históricamente la escuela ha desempeñado un papel desintegrador de la cultura en tanto que ella fue y aún lo es, en muchos casos, un mecanismo de “aculturación” centrada en la homogeneización, negando los valores y potencialidades de cada pueblo en particular. La educación tiene que ver con tres objetivos fundamentales que son:  Construir normas, valores, actitudes y, en general, el pensamiento que asegure una convivencia armónica con la naturaleza, con los pueblos mismos, con otras culturas y poblaciones.  Entender el proceso histórico con el objeto de vivenciar las culturas, fortalecer la identidad y asegurar la persistencia como pueblos y, 3) Lograr formación y capacitación en acuerdo con los requerimientos y las necesidades de la realidad donde se desenvuelven los pueblos.  Separación Entre Educación Y Transmisión De La Cultura  Para los indígenas, el proceso educativo, como mecanismo para adquirir conocimientos y habilidades formalmente y los procesos de socialización que permiten transmitir los valores de la cultura propia, no es tán separados; por ello, se plantea que: “en todo este quehacer educativo, la acción de la familia, de los mayores, de las autoridades tradicionales (médicos, parteras, cabil dos, ancianos) es básica para la formación y orientación de los hombres y mujeres que integran un pueblo.  Según las costumbres, desde que el niño nace y aun antes, se le va orientando para que vaya asumiendo comportamientos, valores, normas que les van a permitir integrarse a la vida de la comunidad para que sea trabajador, se reconoce como indígena, se sienta orgulloso de serlo, sea crítico, participe en los trabajos y acciones de la comunidad.  Así la educación com promete, no sólo la adquisición de conocimientos y saberes, sino que tiene que ver con la expresión integral del ser como componente de un colectivo, con sus sentimientos, con el sentido y significado que le da la vida, con la capacidad de integrarse y proyectarse comunitariamente, fundamentando la educación para que el niño haga valer sus derechos y respete los demás. Igualmente, la educación siempre tiene que ver con una estrecha relación entre el pensamiento y la acción, por eso tiene más fuerza la práctica, el ejemplo, el hacer y el vivir.  No se concibe que una persona sea muy brillante en su discurso, pero incapaz de resolver los problemas de su entorno. El conocimiento implica una relación coherente entre el ser, el pensar y el actuar. Por ello, la educación es una de las mejores estrategias para lograr construir el tejido de una sociedad con dignidad y libertad. Finalmente, la educación es un medio para definir una opción propia de desarrollo con la cual se garantice una buena calidad de vida a los hijos y a los nietos .  Indicadores De Logro De La Educación Escolarizada  La poca inversión en educación indígena no permite el desarrollo de las obligaciones constitucionales y legales, lo cual se manifiesta en insuficiencia y escasa cobertura de las escuelas y de docentes, y el acceso de sólo el 50% de la población en edad escolar. Se ha limitado al pago de docentes, desconociendo la necesidad de realizar investigación lingüística, diseños curriculares apropiados a las características de los pueblos.  La dotación de mobiliario y material didáctico específico son escasos.  Respecto al contenido de la educación es necesario eliminar la estandarización curricular, la cual no permite adaptar completamente las particularidades culturales (lo indígena se reduce a áreas complementarias), el menosprecio al bilingüismo y la preponderancia de materiales monolingües. Es necesaria la pertinencia contextual de la educación para el desempeño en el contexto específico (no se forma en el conocimiento de lo indígena entre la población mestiza), educación intercultural para indígenas pero no para toda la sociedad.  Administrativamente no se cumple el Art. 27 de la ley 21 de 1991 (Conv. 169) para que los mismos pueblos administren la educación, en el que se estipula: La edad escolar. La educación de adultos. La política para la educación superior. La adecuación a condiciones asociadas de tipo económico, territorial, nutricional.  En términos generales, los pueblos indígenas del país afrontan en materia educativa los problemas derivados de la falta de atención estatal a las iniciativas propias y la discrimina ción, producto de la desinformación e ignorancia de los colombianos sobre los aportes necesarios para la construcción del futuro de todos los habitantes de Colombia.  Impactos Negativos En Los Jóvenes Que No Pueden Estudiar  La escasa presencia y apoyo del Estado, sumados a las desigualdades ocasionadas por el modelo económico imperante, han contribuido a agudizar la inserción de los jóvenes indígenas en los grupos armados en conflicto; a pesar de los esfuerzos que los cabildos vienen realizando para retener a la juventud en sus respectivos territorios.  La falta de oportunidades de trabajo, estudio e incentivos para el mejoramiento de la calidad de vida se convierten en estímulo para que los niños y jóvenes sean cooptados por estos grupos al margen de la ley. Cabe anotar que muchos de ellos son obligados bajo presión de los mismos grupos armados a formar parte en este conflicto.  Las niñas y jóvenes soportan las peores consecuencias, porque además son prostituidas, maltratadas y muchas de ellas obligadas a practicarse abortos o a asumir solas la responsabilidad de la crianza de los hijos. Esta situación la sufren muchos jóvenes y mujeres en distintos territorios indígenas. Este es el contexto en el cual se mueven los pueblos indígenas y donde se pretende controlar y asumir la educación propia.  Desde una visión, el multiculturalismo es la multiplicidad de culturas diferenciadas que existen en una nación y que pueden vivir sin establecer relación entre ellas, es decir, un multiculturalismo como separación, marcado por los fundamentos conceptuales del liberalismo, esto es, los principios de igualdad y de tolerancia al otro distinto –posición considerada como medular y como un valor y una actitud suficiente para asegurar que la sociedad funcione–.  Hay otras visiones, como la de Catherine Walsh, quien plantea un modelo de interculturalidad que busca relaciones culturales complejas, con negociaciones e intercambios culturales de vía múltiple. Se quiere desarrollar intercambios y encuentros equitativos entre pueblos o personas con conocimientos y prácticas culturalmente diferentes. Se trata de una interacción que parte del conflicto inherente a las asimetrías sociales, económicas, políticas y del poder.  No se trata simplemente de reconocer, descubrir o tolerar al otro o la diferencia en sí; tampoco se trata de esencializar identidades o entenderlas como adscripciones étnicas inamovibles. Más bien, se trata de impulsar activamente procesos de intercambio que permitan construir espacios de encuentro entre seres y saberes, sentidos y prácticas distintas”.  Por ello, en el marco de los cambios constitucionales la configuración de políticas públicas debe estar fundamentada en el reconocimiento y la valoración de otras sociedades que demandan de las instituciones adecuaciones para que los programas sean un medio para el fortalecimiento de la cultura. Así las cosas, solamente puede trabajarse en función del desarrollo con identidad.  El desarrollo de Colombia implica partir del reconocimiento de una nación diversa que mediante programas y proyectos fortalece las diversas identidades que cruzan distintos órdenes de la vida social, económica, política y cultural. Este desarrollo con identidad será posible mediante una edu cación intercultural que ha de influir en la vida de los indígenas y de los no indígenas, para obtener clara conciencia del valor de la diver sidad, derrumbando el etnocentrismo, el ra cismo y la discriminación.  La educación intercultural es una herramienta en la construcción de una ciudadanía sin exclusiones, de una cultura democrática y de igualdad, que en la práctica permite y posibilita el ejercicio igualitario de la ciudadanía, el respeto de los derechos de las personas y de su dignidad.  La educación bilingüe tiene por objeto fortalecer el manejo de la lengua materna de los educandos a la vez que favorecer el aprendizaje.