El Orangután Con Sacoleva. Cien Años De Democracia Y Represión En Colombia (1910-2010) Edwin Cruz Rodríguez

El Orangután Con Sacoleva. Cien Años De Democracia Y Represión En Colombia (1910-2010)  Editorial: Debate Y Universidad Nacional de Colombia  Autor: Francisco Gutiérrez Sanín  Año: 2014  Número de páginas: 526  Por: Edwin Cruz Rodríguez El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010), es una obra que está consagrada al estudio de lo que el autor considera la “anomalía” del sistema político colombiano. Entre 1910 y 2010, Colombia se caracterizó por tener un régimen político democrático con una extraordinaria estabilidad y continuidad y, simultáneamente, altísimos niveles de represión acompañados por dos “ciclos de represión exterminadora”: entre 1940 y 1960 y desde los años 1980, comparables únicamente con las peores dictaduras de la región.  La obra se divide en tres partes. En la primera, se sustenta la anomalía desde varias perspectivas teóricas y con una visión panorámica del período. En la segunda, se desarrollan los argumentos centrales desde un enfoque comparativo y mediante estudios de caso ejemplificantes, como la “pequeña violencia” (1931-34) o las cooperativas de seguridad Convivir, entre otros. Y la tercera parte revisa, para el caso colombiano, la capacidad explicativa de la “teoría de la amenaza” con la que convencionalmente se explica la represión en los regímenes democráticos.  Luego de examinar las limitaciones de la teoría de la paz democrática –cuyo supuesto principal es que cuanto mayor es la democracia menor es la represión– Gutiérrez formula una explicación de la anomalía basada en tres factores: la privatización de la seguridad como rasgo de la configuración del Estado, la inequidad y la falta de especificación de los derechos de propiedad sobre la tierra y, a nivel del régimen político, el “centrismo no civiliza"dor”, un modo de agregación de intereses que produce ventajas para las élites violentas. El autor se esfuerza por establecer las interacciones entre estos tres factores y sus consecuencias sobre la anomalía.  Así, la privatización de la función policial a nivel local –que en buena parte explica el alto nivel de represión– está articulada con la inestabilidad de los derechos de propiedad sobre la tierra, pero también con la competencia política. El centrismo se refiere a la capacidad del sistema político para admitir actores con prácticas represivas, criminales y violentas, en la medida en que los gobiernos democráticos a nivel nacional, toleran la violencia contra civiles en el nivel local, aún con sus elevados costos, porque requieren el apoyo del variopinto conjunto de actores que allí hacen presencia. Estas interacciones se complejizan por las rutinas e inercias que los tres factores han generado en el tiempo, haciendo que la competencia política sea atravesada por el despojo y la violencia.  El profesor Gutiérrez se esfuerza por salir de las leyen das rosa y negra de la democracia colombiana, lo que no solo contribuye a problematizar este caso sino también, mediante su crítica de las teorías de la paz democrática y de la “amenaza”, a pensar la teoría democrática en general. Por otra parte, aunque el texto da preponderancia al análisis del régimen político, aporta luces para reinterpretar la “debilidad del Estado” colombiano. El diagnóstico de debilidad está fundamentado en referencia a un tipo ideal y a una perspectiva normativa de Estado, más que a la configuración concreta que este ha adoptado: se supone que la debilidad se explica por las falencias del proceso de construcción del Estado, porque no ha llegado al desenlace ideal. Lo que el texto de Gutiérrez permite inferir es que la privatización en la provisión de seguridad y sobre todo de la función policial, es parte de una “configuración del Estado” (p. 24); es decir, la forma como el Estado cristaliza en ciertos lugares (p. 448).  Vale la pena, sin embargo, problematizar algunos asuntos que cuestionan el hecho de que exista una “anomalía” en los términos planteados. Primero, si bien el autor define explícitamente los conceptos, a lo largo de su narrativa persiste una distinción entre represión y violencia. La represión es concebida como el uso de la violencia por parte del Estado y sus aliados contra sus opositores (p. 13), incluso se concentra en la “represión directamente política” (p. 15) y en la “represión exterminadora” (p. 17), que le permite examinar los dos ciclos de exterminación durante el siglo XX.  No obstante, permanece en la ambigüedad el hecho de que actores criminales –comunes o políticos– puedan incurrir en “represión” por el hecho de ser aliados del gobierno. Por ejemplo, es claro que los paramilitares y otras formas de privatización de la seguridad en las localidades reprimieron la oposición; sin embargo, también es cierto que su violencia no se dirigió exclusivamente a reprimir, pues, como el autor sostiene, los propósitos e intereses de los aliados del gobierno son diversos. En otras palabras, es cierto que los paramilitares reprimen, pero no toda la violencia que ejercen, incluso contra la población civil, entra en la categoría de represión en estricto sentido.  Gutiérrez llama varias veces la atención sobre la imposibilidad de cuantificar la represión ante la ausencia de datos y de conformidad con su objetivo, utiliza apreciaciones de tipo ordinal (pp. 35-36). Empero, el problema no es de cifras, aunque podrían ayudar, sino de conceptos, los cuales son necesarios para sustentar la existencia de la “anomalía”. ¿Cómo se puede hablar de represión en contextos caracterizados como “guerras civiles no declaradas”: la “pequeña violencia” y la Violencia? Desde luego, en estos casos hubo violencia “desde arriba” promovida por el Gobierno y violencia “oblicua” (p. 248); pero el problema es determinar por qué esa violencia puede ser concebida como represión. En un momento en que el estatus de “gobierno” se está disputando violentamente, la violencia se ejerce, incluso, en contra de copartidarios (p. 130) y no es fácil establecer quién forma parte de la población civil.  Esta confusión entre violencia y represión opera en doble vía: no solo supone la represión en esos casos, sino también implica considerar períodos en los que la violencia política se reduce a períodos no represivos o, presuntamente, no tan represivos, como el del Frente Nacional (p. 58). En fin, un alto nivel de violencia política bajo un régimen formalmente democrático puede ser visto como una anomalía, pero no son claras las ventajas analíticas de denominar esa violencia –por lo demás bastante estudiada– como represión.  Un segundo problema se refiere al otro componente de la anomalía: el concepto de democracia en que se sustenta el análisis. Las virtudes de adoptar el punto de vista de la democracia “formal” y hacer comparaciones longitudinales y horizontales, están más que justificadas. Sin embargo y aunque el profesor Gutiérrez argumenta convincentemente en contra de quienes pretenden rechazar la “anomalía”, desconociendo así la represión o la existencia de democracia en Colombia, dicho concepto no deja de plantear problemas. La democracia formal supone diseños institucionales que posibiliten la alteración en el poder, elecciones, pesos y contrapesos institucionales, entre otros. Según Gutiérrez, desde esta perspectiva sólo habría una quiebra de la democracia colombiana: entre 1949 y 1957. No obstante, en otros momentos el régimen político tampoco satisface los criterios para considerarlo como una democracia formal.  Por ejemplo, el Frente Nacional no satisface, a nivel formal, el criterio de la alteración, por solo mencionar el más importante. Si bien el acuerdo bipartidista se sometió a un plebiscito en 1957, el reparto del ejercicio del gobierno, primero por doce años y luego por dieciséis, fue decidido en el Congreso por las élites bipartidistas. En otras palabras, el Frente Nacional no solo excluyó y reprimió a las minorías –lo que ya es bastante para cuestionar su carácter de democracia formal– sino que, además, instituyó formalmente esa exclusión. Una democracia formal no necesariamente requiere la alteración en el poder ni el gobierno de las minorías o la garantía efectiva de otros derechos y libertades, para considerarla como tal, pero sí que ello sea legalmente posible. Durante el Frente Nacional, en cambio, las minorías no solo fueron excluidas y oprimidas, sino que también carecieron de la posibilidad jurídica de acceder al gobierno, entre otras limitaciones a los derechos humanos y políticos. Por tanto, esa experiencia no puede ponerse en el mismo saco con la Hegemonía Conservadora y la República Liberal por el hecho de que se restringiera la alternación en el poder (p. 104), pues durante el Frente Nacional la alteración no sólo se restringía, sino que, formalmente, estaba impedida para las terceras fuerzas. Ahora bien, Gutiérrez esgrime otros argumentos para justificar el carácter democrático del régimen político colombiano más allá de su adecuación al tipo ideal de democracia formal. Uno es la comparación. Por ejemplo, sostiene que el Frente Nacional tuvo mayor apertura y admitió mayor competencia que, prácticamente, todos los regímenes latinoamericanos, muchos de ellos abiertamente autoritarios. Sin embargo, las particularidades del Frente Nacional, los altos índices de represión, la restricción del acceso al poder, la autonomía de las Fuerzas Armadas en el manejo del orden público y el hecho de que se gobernara la mayoría del tiempo bajo estado de sitio, entre otras cosas, ponen en cuestión esta aserción. Que el régimen político no fuese tan autoritario en comparación con otros casos latinoamericanos, no lo hace automáticamente democrá tico y menos si no lo es a nivel formal.  Otro argumento está basado en los altos niveles de “po lítica competitiva” del régimen colombiano. El problema de este argumento radica en que el concepto de “competitividad” no resulta claro. Algunas veces, el profesor Gutiérrez se refiere a la competencia política electoral. Así por ejemplo, sabemos que, debido a su fragmentación, había competencia política entre los partidos tradicionales, incluso durante el Frente Nacional. También sabemos que la oposición de ese entonces, a saber, la Anapo y el Partido Comunista, desplegaron estrategias para participar en coalición con algunas facciones del liberalismo (p. 102).  Empero, habría que decir que esa “política competitiva” no se explica por la institucionalidad formal, pues esta era manifiestamente excluyente, sino por las estrategias de los actores de oposición que, presumiblemente, aún bajo un régimen abiertamente autoritario, habrían pugnado por hacer política de la manera que fuese posible. En otras palabras, es lógico que los actores excluidos harían política de una u otra forma. Eso no ocurre solo en las democracias, sino también en los autoritarismos, pero el hecho de que la oposición haga política aprovechando las oportunidades que tenga, no convierte a un régimen en democracia, menos aún si su competencia política, de entrada, está condicionada por las limitaciones formales en la alteración del poder.  No obstante, otras veces el mismo concepto de “política competitiva” se refiere a la competencia política en general. En este sentido, Gutiérrez sostiene que “la represión desestabilizó, pero no clausuró la competencia política porque salía de sus entrañas y los incentivos y el horizonte de imaginación de los agentes de la represión pasaban por las elecciones” (p. 446). Aquí, entonces, la competencia política hace referencia incluso a la que se presenta de manera violenta y no solo a la electoral. El problema radica en que, en estos términos, aun en regímenes abiertamente autoritarios existe competencia política entre los actores de la coalición y sus facciones. Por tanto, en sí misma la “política competitiva” no es sinónimo de alteración en el poder ni de democracia.  Pero tal afirmación permite inferir que si bien el profesor Gutiérrez advierte que una explicación de la anomalía debe operar en “ambas direcciones” (pp. 27-28) –lo que implica explicar por qué la magnitud de la represión no desestabiliza la democracia–, no parece advertir que, difícilmente, se puede hablar de una democracia por más formal que esta sea, en un contexto donde los resultados de la “competencia política” se deciden en buena medida gracias al ejercicio de la violencia contra los opositores o sobre los votantes. Por ejemplo, del hecho de que más de sesenta parlamentarios hayan ido a la cárcel por “parapolítica”, no se infiere que “las normas y prácticas democráticas están firmemente enraizadas. Las elecciones constituyen el horizonte temporal de sus élites políticas, y los pesos y contrapesos institucionales funcionan de manera sólida, incluso en situaciones potencialmente desestabilizadoras” (pp. 55-56).  Por el contrario, eso significa que el sufragio no solo no tiene vigencia, sino que prácticamente no es decisivo y que aunque el referente de la competencia política sean las elecciones, sus resultados dependen en gran medida del ejercicio de la coerción y la violencia. En el fondo se descuida la interacción entre la “política competitiva” y la privatización de la seguridad, y se olvidan las implicaciones del hecho de que lo que se denomina “represión”, muchas veces forma parte de la competencia por votos y la coerción sobre los votantes.  Todo ello conduce, al fin, a cuestionar o cuando menos, matizar, la existencia de la “anomalía” en los términos planteados. Suponer la coexistencia entre democracia formal y altos niveles de represión, llevaría a concluir que los ciudadanos colombianos se han dedicado por un siglo a elegir a sus verdugos, cuando en realidad muchos de ellos, si no la mayoría, no han tenido posibilidad de elegir. El libro del profesor Gutiérrez constituye una excelente invitación a pensar la conceptualización de este problema del funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales.  Francisco Gutiérrez Sanín es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Varsovia y profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.